Un tribunal militar de la República Democrática del Congo impuso este sábado la pena de muerte a 51 de las 54 personas implicadas en el asesinato de dos funcionarios de la ONU en 2017. Varios de ellas fueron sentenciadas pese a estar prófugas y otras después de haber muerto bajo custodia, debido a la tardanza del juicio, iniciado hace más de cuatro años, informa la agencia AFP.
Actualidad RT
Pese a las sentencias de muerte, los condenados no serán ejecutados sino que cumplirán cadena perpetua, puesto que desde 2003 el Congo mantiene una moratoria sobre las ejecuciones, con vistas a abolir la pena capital. En cuanto a los tres implicados que no fueron condenados a muerte, la justicia congoleña sentenció a 10 años de prisión a una de ellas, un coronel del Ejército, y absolvió a las otras dos, un periodista y un policía.
El estadounidense Michael Sharp y la sueca Zaida Catalán fueron asesinados en marzo de 2017 durante una misión de la ONU en la provincia de Kasai Central mientras investigaban fosas comunes vinculadas al conflicto armado desatado en la región tras la muerte del jefe de las milicias Kamuina Nsapu —que generalmente actúan en contra del Estado— a manos de las fuerzas de seguridad. Los cuerpos fueron encontrados el 28 de marzo, dos semanas después de su desaparición el día 12 de ese mes. Catalán había sido decapitada.
Según la versión oficial, ambos habían sido ejecutados por milicianos de Kamuina Nsapu. En el juicio se alegó que fue en venganza contra la ONU, a la que los ejecutores responsabilizaron por no impedir que el Ejército los atacara. No obstante, un informe presentado al Consejo de Seguridad de la ONU en junio de ese mismo año consideró que el doble asesinato fue una «emboscada premeditada» y no excluyó la participación de miembros de la seguridad del Estado.
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