El cardenal católico de El Salvador, Gregorio Rosa Chávez, dijo este viernes que la «persecución» que vive la Iglesia nicaragüense por parte de las autoridades gubernamentales es actualmente el «caso más horrendo» de «martirio» de la región.
EFE
«El martirio sigue siendo una realidad también en nuestros días. En nuestra región, el caso más horrendo es el de la persecución que sufre la Iglesia de Nicaragua», dijo Rosa Chávez en un mensaje a los feligreses en el marco de las fiestas patronales de la capital salvadoreña.
El religioso hizo eco de un comunicado emitido este 5 de agosto por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en el que «se une al sufrimiento que vive gran parte del pueblo de Nicaragua y la Iglesia que peregrina en esta querida tierra».
En la misiva, de la que el cardenal salvadoreño citó una parte, denuncian el «constante hostigamiento que viene sufriendo (la Iglesia) por parte de las autoridades gubernamentales».
«Los últimos acontecimientos, como el asedio a sacerdotes y obispos, la expulsión de miembros de comunidades religiosas, la profanación de templos y el cierre de radios, nos duelen profundamente. Les manifestamos nuestra solidaridad y cercanía», leyó Rosa Chávez ente miles de católicos salvadoreños.
Sacerdotes de diferentes diócesis de Nicaragua pidieron este viernes al Gobierno nacional que «cese la persecución a la Iglesia» católica, que en los últimos meses ha visto cómo dos miembros del clero fueron arrestados y otros dos fueron sitiados en sus casas curales, incluyendo al obispo Rolando Álvarez, uno de los más críticos del gobernante Daniel Ortega.
Las relaciones encontradas entre el Gobierno y la Iglesia Católica se agudizaron esta semana luego de que las autoridades ordenaron el cierre de diez medios de comunicación, entre estos ocho católicos, que estaban bajo la dirección de Álvarez.
Con un 58,5% de creyentes, la Iglesia católica es la religión con más seguidores en Nicaragua, según el último censo nacional.
Nicaragua vive una crisis que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejó al menos 355 muertos en 2018, de los cuales Ortega admitió 200 y alegó que se defendía de un supuesto golpe de Estado.
La crisis empeoró con las elecciones de noviembre pasado, cuando Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, fueron reelegidos en sus cargos, en un proceso criticado porque siete de sus potenciales rivales fueron arrestados y dos huyeron al exilio.
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