El mismo día que el Gobierno de España inició a otorgar nacionalidades a los primeros 14 de 317 nicaragüenses declarados apátridas, Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleraron su engranaje represivo, en específico el del poder judicial: los títulos de 25 abogados opositores quedaron anulados de un tajo, entre los que sobresalen el escritor Sergio Ramírez Mercado, la defensora de derechos humanos Vilma Núñez y hasta el padrino de bodas de la pareja presidencial, el exmagistrado Rafael Solís, uno de los desertores de mayor calado del régimen.
El combo de juristas inhabilitados ya habían sido condenados en ausencia previamente por delitos políticos, como “traición a la patria”, y también los Ortega-Murillo los habían despojado de su nacionalidad nicaragüense, confiscado y exiliado. Quince de los 25 afectados son parte de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos en febrero pasado.
El poder judicial emitió este 11 de mayo dos resoluciones en las que se invoca al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y su “competencia para organizar y dirigir el procedimiento de incorporación y otorgamiento de los títulos de abogados y notarios públicos, así como, autorizar y suspender el ejercicio de la profesión” por ser traidores a la patria y haber sido desnacionalizados. La suspensión de estos abogados sucede dos días después que la justicia sandinista impusiera la misma medida con la defensora de presos políticos Yonarqui Martínez, lo que inaugura una nueva tónica represiva ejecutada por la justicia sometida al dictado de la pareja presidencial.
El abogado Héctor Mairena, uno de los despojados del título de abogado, dijo a EL PAÍS que la decisión demuestra saña. “Evidencia la voluntad del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de aniquilarnos civilmente. Ya fuimos aniquilados económicamente cuando nos quitaron las pensiones a varios de los que éramos jubilados… y ahora nos quieren aniquilar profesionalmente”, sostuvo.
Mairena, miembro del movimiento UNAMOS (antes Movimiento Renovador Sandinista), indicó que el “menú de la dictadura es variado pero también demuestra que se está agotando”. Según él, dentro del “menú de la represión se encuentra la cárcel, el exilio y ahora este despojo de la profesión”.
El poder judicial sostiene que “se les impusieron las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública en nombre y al servicio del Estado de Nicaragua, así como, ejercer cargos de elección popular y la pérdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetúa, asimismo, la pérdida de la nacionalidad nicaragüense, consecuentemente, de conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense [sic]”.
En la segunda resolución, el poder judicial inhabilita a Uriel Pineda; al escritor Sergio Ramírez; al exmagistrado Rafael Enrique Solís; a la ambientalista Mónica López Baltodano; al activista Héctor Ernesto Mairena; al defensor de los derechos humanos Gonzalo Carrión; al exdiputado Eliseo Núñez; a Manuel Jacinto Díaz Morales; a Álvaro Leiva Sánchez y, por último, a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez Ruiz de Escorcia.
Los abogados de esta segunda resolución están exiliados, condenados y forman parte del grupo de los 94 desnacionalizados, sin embargo, han mantenido desde 2018 la denuncia contra las tropelías y violaciones a los derechos humanos cometidas por los Ortega-Murillo. “Tengo más de 30 años de ser defensor de derechos humanos y por repudiar los abusos cometidos con más fuerza desde 2018 es que nos pasan la cuenta. Es una venganza, es un castigo. Sin embargo, desde el exilio seguimos comprometidos con la lucha de los derechos humanos de los nicaragüenses. El objetivo es llevar el terror hacia afuera de Nicaragua. Por eso nos despojan de la nacionalidad y ahora nos arrebatan el título”, denunció el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión.
A pesar de que es del conocimiento público que la mayoría de estos abogados están exiliados y desterrados, el poder judicial “les previene que deberán enviar a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo apercibimiento de ley, si no lo hicieren, los títulos de abogados y notarios públicos, los protocolos respectivos, el sello y el carné de abogado y notario público”.
El exdiputado Eliseo Núñez, otro de los afectados por la resolución, calificó este hecho como “abusivo” porque se basan en una sentencia ilegal, en la que ninguno de los abogados tuvieron derecho a la defensa. “Es lo que le ha sucedido a todos los nicaragüenses y que es violatorio del debido proceso”, enfatizó.
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