El Movimiento Campesino de Nicaragua informó este sábado que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que otorgue medidas cautelares a favor de dos «perseguidos políticos» pedidos en extradición a Costa Rica por el régimen de Daniel Ortega, uno de ellos ya entregado y que ahora guarda prisión en las afueras de Managua.
EFE
En una declaración, ese movimiento, que dirige el líder campesino excarcelado y desnacionalizado Medardo Mairena, explicó que con el apoyo de abogados internacionales presentaron ante la CIDH las peticiones de medidas cautelares a favor de los nicaragüenses Reinaldo Picado Miranda y Douglas Gamaliel Pérez Centeno, «a fin de garantizar sus vidas e integridad física».
Las autoridades nicaragüenses acusan a Pérez, de 44 años, también conocido como Douglas Gamaliel Álvarez Morales y alias ‘Relámpago’, como coautor de la muerte de una oficial y un civil en Nicaragua. Las autoridades de Costa Rica lo extraditaron el pasado 16 de febrero.
Otro acusado es el exmiembro de la «Contra» Reinaldo Picado Miranda, alias «comandante Omar», quien aún se encuentra encarcelado en Costa Rica.
«Con estas acciones pretendemos que las resoluciones de la CIDH establezcan un precedente para el Estado de Costa Rica, que garantice plenamente el derecho a la protección internacional de las personas que huyen de sus países para salvaguardar sus vidas e integridad, víctimas de gobiernos criminales, como es el caso de miles de nicaragüenses», dijo el Movimiento Campesino.
Asimismo, que se «permita al gobierno costarricense enmendar las fallas incurridas en los procesos de los nicaragüenses Reinaldo Picado y Douglas Pérez, evitando que la dictadura nicaragüense utilice la extradición y a la Interpol (Policía Internacional) para continuar persiguiendo, asesinando y torturando a cualquier voz disidente que consideran opositores».
El abogado costarricense Daguer Hernández, defensor de Pérez, ha explicado que este fue entregado porque el Estado de Costa Rica le negó el asilo político.
Los abogados de Pérez intentaron evitar la extradición por medio de recursos de hábeas corpus frente al riesgo de que el nicaragüense sea sometido a tortura por el Gobierno de Nicaragua, que es señalado por numerosas organizaciones internacionales y países, incluido Costa Rica, de violar los derechos humanos de opositores y de mantener presos políticos.
La crítica a Costa Rica
«Las autoridades costarricenses no valoraron la gravísima situación de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua y la reiterada comisión de delitos de lesa humanidad», criticó ese Movimiento Campesino.
Consideró además que Costa Rica no «valoró la persecución por motivos políticos» de Pérez y Picado, «a pesar de que ha sido fundamentado con abundantes pruebas documentales».
«Tampoco se consideró las condiciones de los solicitantes de asilo y refugio, su pertenencia a grupos vulnerables como es el sector campesino y migrante», alegó.
Sobre Pérez, ese movimiento aseguró que las autoridades nicaragüenses no han permitido a sus familiares que lo visiten y vean en prisión, por lo que «se teme por su seguridad e integridad».
No obstante, el movimiento campesino reconoció y agradeció al Estado costarricense «por ser un territorio en el que los nicaragüenses han encontrado refugio».
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