Pocas mujeres que aspiran a cargos ejecutivos en las elecciones subnacionales de Bolivia del próximo domingo y un persistente acoso político en su contra han marcado este proceso, pese a las normas que deberían garantizar una participación igualitaria en la política y castigar la violencia machista.
Bolivia ha avanzado en los últimos años en la aprobación de leyes para proteger a las mujeres de la violencia y garantizar sus derechos y aunque algunas cifras sobre la participación política femenina son alentadoras, también persiste el acoso que les impide ejercer plenamente el cargo para el que fueron elegidas.
A los actuales comicios se presentaron cerca de 20.000 candidaturas a distintos cargos en 338 gobiernos municipales, nueve gobernaciones y una autonomía regional, de los que el 47,7 % son mujeres y el 52,3 % son hombres, según datos de la Coordinadora de la Mujer.
Sin embargo, de 2.004 candidaturas a cargos ejecutivos regionales o municipales, 1.687 son hombres y 317 mujeres, solo un 16 %, según el órgano electoral.
Solo hay siete mujeres entre 84 candidaturas a las gobernaciones y 242 aspiran a las alcaldías de un total de 1.728, detalla la Coordinadora de la Mujer, que agrupa a una treintena de organizaciones feministas.
«No hay voluntad política» para permitir que las mujeres «estén ubicadas en estos puestos de decisión como son los espacios para gobernadores y alcaldes», dijo a Efe la directora de la Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo.
Esa organización ha pedido al órgano electoral que la paridad se cumpla también en las postulaciones a cargos ejecutivos, pero el tribunal ha demandado una ley que señale aquello específicamente.
ALGUNAS CANDIDATURAS
Entre las candidaturas femeninas más conocidas están las de la expresidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez, aspirante a la gobernación de la región amazónica de Beni, y la extitular del Senado Eva Copa, postulante a la alcaldía de El Alto, la segunda ciudad más poblada del país.
El caso de Copa, exmilitante del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), es uno de los más llamativos, pues las encuestas preelectorales le auguran un inédito triunfo con porcentajes que rondan el 90 %.
Novillo destacó que exista la «fuerte posibilidad» de que sea elegida, lo que supondrá la segunda gestión consecutiva de una mujer en El Alto, pese a que en ese municipio hay mucho machismo y es uno de los que presenta mayores índices de violencia hacia las féminas.
La activista recordó que la actual alcaldesa alteña, la opositora Soledad Chapetón, «ha sufrido situaciones de acoso político».
En el actual proceso electoral se han visto situaciones de acoso político contra las candidatas, «particularmente en redes sociales» donde persisten prejuicios e insultos hacia ellas, lamentó Novillo.
El MAS expulsó a Copa de sus filas por su decisión de postular por la fuerza Jallalla después de que su candidatura fuera rechazada por la cúpula oficialista.
El respaldo logrado por la exsenadora le valió ser blanco de duros ataques de ese partido en los últimos días, mientras que Áñez ha denunciado persecución por procesos activados recientemente en su contra.
UN PROBLEMA PERSISTENTE
La analista política María Teresa Zegada dijo a Efe que, aunque las mujeres sean elegidas, «en el momento de ejercer el cargo son criticadas, cuestionadas y no son tomadas en cuenta por los varones», lo que deriva en situaciones de acoso político, sobre todo en el área rural.
Para Novillo, uno de los grandes retos es eliminar el acoso y la violencia política contra las mujeres, que se han convertido en un «obstáculo para que las mujeres se mantengan en los espacios de decisión».
Muchas mujeres que resultaron elegidas ya no quieren volver a postular por el acoso sufrido que incluye «amenazas contra sus familias, insultos» o especulaciones sobre sus vidas privadas, indicó.
Bolivia cuenta desde 2012 con una ley que castiga el acoso y la violencia política, sin que hasta el momento se haya emitido una sentencia final por estos delitos, lo cual hace que ambos persistan.
El único caso sería un fallo reciente contra el líder indígena Rafael Quispe por un proceso por acoso político que le inició la dirigente campesina oficialista Felipa Huanca, a la que el aimara denunció por supuesta implicación en los manejos irregulares de un fondo estatal para proyectos indígenas.
La sentencia puede ser apelada, pero, a juicio de Novillo, este caso «no sería el ejemplo más claro de acoso» porque el proceso tiene «elementos políticos» que lo «enrarecen».
Otros, como el asesinato en 2012 de la concejala Juana Quispe, tras una serie de presiones y amenazas políticas, continúan estancados en la Justicia.
Para Zegada, la política sigue siendo «un reflejo del escaso avance que hay en esta construcción de la paridad, del respeto y de la no discriminación en los distintos espacios de la vida de las mujeres».
EFE
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