Las autoridades de la isla abrieron una averiguación por trata y tráfico de personas; sin embargo, organizaciones sociales piden que brinden un trato humanitario a los niños, que se trasladaban a la isla junto con 14 adultos de forma irregular para reencontrarse con sus familiares.
“Tú me acusas de exponer a esos niños a un trauma. ¿Y los padres que arriesgan a sus niños a morir en el mar?”.
Esa fue la respuesta que recibieron el viernes 22 de septiembre los miembros de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) por parte del Ministerio de Justicia de Curazao, en medio de la polémica por la captura de una lancha que salió del estado Falcón con cinco niños.
La Guardia Costera del Caribe Neerlandés anunció el miércoles 20 de septiembre que interceptó una embarcación que llevaba a bordo a 19 personas: siete mujeres, siete hombres y cinco niños. La información oficial no ofrece mayores detalles sobre los ciudadanos que intentaban entrar de forma irregular en la isla, y se limita a decir que fueron “entregados a la policía” local.
Todos son venezolanos y los niños que cayeron en esta operación tienen las siguientes edades: uno de 6 años, dos de 9, uno de 10 y otra de apenas 1 año y tres meses de nacida. Los niños se encuentran internados en una especie de casa hogar, mientras los adultos están presos y acusados de trata y tráfico de personas.
Hasta el momento de la publicación de esta nota, los niños permanecen aislados, separados de sus familiares y representantes, que no han podido verlos ni tienen información precisa sobre su estado.
Mano dura
Este caso estaría marcando un punto de inflexión, luego de que el 7 de septiembre la Fiscalía de Willemstad emitió un comunicado en el que denunció “un aumento marcado del tráfico de menores, particularmente entre Venezuela y Curazao”. En el texto agregaban: “Este hecho ha dado lugar a una severa advertencia de parte de la Fiscalía a todos los implicados, incluyendo los padres y los tutores, para que se desista de la comisión de este tipo de delitos”.
“Las autoridades están comenzando a ser más inflexibles. Si cualquier persona se acerca a preguntar qué pasó con los niños, los detienen bajo la acusación de que son cómplices de los delitos de tráfico y trata de personas. Dos madres y una abuela que fueron a revisar la situación, terminaron presas, aunque luego las liberaron”, relata Jennifer Sifontes, vocera de Venex-Curacao, asociación civil que defiende los derechos de los migrantes venezolanos en Willemstad.
El Ministerio de Justicia difundió un comunicado expresando que “para encontrar una solución temporal para los menores, el Ministerio de Justicia instruyó a sus organismos pertinentes a continuar con el proceso legal y atender a los menores, teniendo en cuenta las normas de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN)”.
La declaración oficial añade: “Luego de que la embarcación llegó a las costas de Curazao, algunos indocumentados que ya se encontraban en la isla se presentaron ante el Departamento de Inmigración, indicando que eran los tutores legales de los niños que llegaron en la embarcación. Estos individuos fueron detenidos bajo sospecha de trata de personas. Dado que los ocupantes de la embarcación eran indocumentados y estaban acompañados por cinco menores de edad, se inició una investigación por trata de personas”.
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