El presidente de Chile, Gabriel Boric, optó por un perfil técnico y otro ideológico para sustituir a la exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos, y a su exjefe de gabinete, Matías Meza-Lopenhandía, ambos miembros del partido «Convergencia social» y cesados el sábado tras la polémica por los controvertidos indultos presidenciales de fin de año.
Sebastián Silva y Javier Martín / EFE
Boric anunció el mismo sábado que Ríos, contra la que la coalición opositora conservadora «Chile Vamos» presentó este lunes una acusación constitucional, sería sustituida por el abogado Luis Cordero Vega, mientras que este lunes eligió al sociólogo Carlos Durán Migliardi para dirigir su gabinete y tratar de cerrar así su segunda crisis en diez meses de gobierno.
Durán Migliardi, de 47 años, lideró el equipo estratégico formado por Boric tras ser elegido en la segunda vuelta, en la que se delinearon los principales criterios políticos y comunicacionales, y ya entonces se especuló que saldría de las bambalinas de la política para asumir algún tipo de cargo en el gabinete del nuevo mandatario.
Es por ello, y por su paso por el Movimiento Autonomista, desde el que ayudó a construir el Frente Amplio, que muchos no consideran «un técnico» en el estricto sentido sino «un estratega teórico» a este historiador formado en la Universidad de Chile.
En aquellos años, tendió lazos con estrechos colaboradores de Boric, como el diputado Gonzalo Winter y la convencional constituyente Constanza Schönhaut, además del exministro de La Presidencia Giorgio Jackson, el actual secretario general de Renovación Democrática (RD), Sebastián Depolo, y el fundador del Partido Liberal, Vlado Mirosevic.
Nacido en la conflictiva región de La Araucanía, es doctor en investigación de Ciencias Sociales de la Flacso, en México, y se le considera un intelectual moderado, con gran capacidad de análisis, «al que Boric siempre ha escuchado», dijeron a Efe fuentes cercanas al mandatario.
Algunos incluso le colocan tanto en el origen teórico del «Frente Amplio» como de «Apruebo Dignidad», la coalición con el Partido Comunista con la que Boric logró en diciembre de 2021 la presidencia, y en la que se sostiene su gobierno pese al cada vez mayor peso del llamado «Socialismo Democrático», encarnado en la ascendente figura de la ministra de Interior, Carolina Tohá.
MAYOR PESO DEL SOCIALISMO
Tohá entró en el gabinete precisamente el pasado septiembre tras el aplastante triunfo de la opción del «rechazo» en el referéndum para cambiar la Constitución escrita en dictadura, resultado que supuso la primera crisis en la Administración Boric y que indujo al mandatario a dar un giro hacia la moderación.
Por su parte, Cordero Vega es abogado, magíster en Políticas Públicas y doctor en Derecho, con una amplia experiencia como asesor tanto en ámbito ambiental como económico, y su conexión con La Moneda es, según el medio local Biobio, precisamente la ministra de Interior, de la que fue abogado en un juicio de cuentas ante la Controlaría del Estado.
Asimismo, fue asesor en 2008 de la socialista Ana Lya Uriarte, quien en la crisis de septiembre asumió la cartera de ministra de la Presidencia en sustitución de Giorgio Jackson, uno de los hombres de confianza del mandatario.
En 2011 fue miembro de la Comisión Desormeaux, grupo encargado de la reforma a la supervisión financiera del Ministerio de Hacienda. A esto se suma su rol como presidente del grupo de expertos para la reforma institucional en mercado de valores y como asesor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
CONTROVERTIDOS INDULTOS
Tanto Ríos como Meza-Lopehandía pagan así los errores en la concesión del indulto presidencial concedido a 12 presos del «estallido social», la ola de protestas populares que sacudió Chile en 2019, y a un antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo radical armado que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
Fallos cometidos el mismo día del indulto, en el que hubo que corregir nombres, y en la elección de los perdonados, que la oposición ha utilizado para aumentar la presión sobre el Gobierno después de que se conociera que uno de ellos tenía cinco condenas por delitos menores previas a la citada protesta.
La ministra portavoz de la Presidencia, Camila Vallejo, alimentó este lunes aún más la polémica al dejar entrever que el presidente se fió de la palabra de sus asesores y firmó los documentos sin estudiarlos a fondo.
Vallejo dijo que la decisión sobre los indultos presidenciales hubiera sido «distinta» si el mandatario, al que desde la oposición se le exige que los anule, «hubiera tenido todos los elementos a la vista».
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