Delcy Rodríguez, denunció este martes una apropiación «ilegítima» del oro que su país tiene depositado en el Banco de Inglaterra y aseguró que su Gobierno está «dando una batalla histórica» por él.
EFE
«Hoy, Venezuela está dando una batalla histórica por el oro que le pertenece a todos los venezolanos en Inglaterra (…) un oro apropiado ilegítimamente», dijo Rodríguez durante la asamblea anual de Fedecámaras, principal patronal de Venezuela.
Subrayó que el oro fue «apropiado», rompiendo con todas las reglas del comercio internacional.
«Depositamos nuestra confianza en la custodia del oro en el Banco de Inglaterra y hoy, por razones políticas, pretenden despojar, ¿quién puede tener confianza en ir a depositar el oro en resguardo en el Banco de Inglaterra?», cuestionó Rodríguez.
Además, afirmó que «están bloqueados más de 6.000 millones de dólares en bancos europeos y bancos de Estados Unidos».
«Ese dinero es de todos nosotros (…), no de (…) un supuesto gobierno que no existe, que existe solo para expoliar los recursos de Venezuela en el exterior», reclamó.
Los abogados del régimen de Nicolás Maduro, y de la «ad hoc» del presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, han defendido este martes su respectiva autoridad sobre el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra, en un caso que sienta precedente en el Reino Unido.
Nick Vineall, por parte de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por Maduro, y Andrew Fulton, representante de la junta paralela dispuesta por Guaidó, expusieron sus argumentos en la segunda jornada de un proceso ante el Tribunal Supremo británico, máxima instancia judicial del país.
El Supremo, que analiza un recurso elevado por la parte de Guaidó contra un fallo anterior desfavorable, debe dictaminar, en una fecha por precisar, a quién considera realmente el Ejecutivo británico como gobernante a todos los efectos en Venezuela.
Si finalmente concluye, con base en la jurisprudencia inglesa -y no solo a lo que diga el Ejecutivo de Londres-, que el líder es Guaidó, los cinco jueces tendrán entonces que decidir si dan por buenos sus nombramientos políticos (entre ellos la junta), pese a que han sido invalidados por el Tribunal Supremo de Caracas.
El fallo del Supremo servirá para que, eventualmente, el Tribunal Superior determine a qué junta autoriza para gestionar el oro, que la de Maduro reclama con el argumento de transferir fondos a la ONU para adquirir equipamiento y medicinas contra la pandemia.
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