La justicia rusa ordenó el viernes el cierre de la asociación “Movimiento por los derechos humanos”, una de las más respetadas en Rusia y en la mira de las autoridades, anunció su director Lev Ponomarev, opositor a Vladimir Putin.
“Apelaremos esta decisión y también recurriremos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, declaró a la AFP Ponomarev, asegurando que su movimiento “continuará viviendo y trabajando”.
Mediante esta decisión, el Tribunal Supremo ruso confirmó una solicitud del Ministerio de Justicia, que acusa a la ONG de violaciones reiteradas de los procedimientos administrativos y que, por consiguiente, pedía su disolución.
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Creada en 1997, la ONG “Movimiento por los Derechos Humanos” es una de las asociaciones de protección de los derechos humanos más antiguas y famosas de Rusia.
Según su sitio web, se compone de varias decenas de filiales diseminadas por todo el país. Desde febrero, la organización principal fue clasificada por la justicia como “agente extranjero”. Esta calificación, introducida por una ley en 2012, sirve para designar a una organización que recibe financiamiento de otro país y que tiene una “actividad política”. Este concepto vago ha permitido apuntar a numerosos grupos críticos del poder, como la ONG Memorial o, más recientemente, la organización del opositor Alexéi Navalni.
En diciembre de 2018, Ponomarev, de 78 años, pasó más de dos semanas en prisión por convocar a una manifestación no autorizada.
Persecución a críticos
El pasado 21 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin sustituyó por decreto al presidente del Consejo de Derechos Humanos adscrito al Kremlin, Mijaíl Fedótov, que se había mostrado muy crítico con la violenta represión de las protestas opositoras de los últimos meses.
El decreto explica que Fedótov, que ejercía dicha función desde 2010, fue liberado de su cargo de funcionario por haber superado ya los 70 años de edad.
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En agosto Fedótov instó a la Fiscalía a “revisar” si está justificada la decisión de incoar un caso penal por “disturbios masivos” tras las manifestación antigubernamental del 27 de julio, en el que los opositores intentaron concentrarse en torno a la sede del Ayuntamiento de Moscú.
En la carta remitida a la Fiscalía, Fedótov recordó que el artículo 31 de la Constitución estipula el derecho de los rusos a celebrar mítines, manifestaciones, marchas, reuniones o piquetes “pacíficamente y sin armas”.
Miles de manifestantes fueron detenidos en las protestas antigubernamentales de julio y agosto en la capital rusa contra la negativa a registrar a candidatos opositores en las elecciones municipales, a lo que hay que sumar varios activistas procesados y condenados.
Se unieron a las críticas a la represión policial y a las demandas de liberación de los opositores cientos de profesores, popes ortodoxos, científicos, actores, personalidades de la cultura e intelectuales.
Al reunirse a mediados de agosto en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, Putin no dudó en calificar las manifestaciones pacíficas en Rusia de “disturbios” y aseguró que no quería que en Moscú se repitiera lo ocurrido con los “chalecos amarillos” en la capital francesa.
“Durante esas manifestaciones (en Francia) varias decenas de personas fueron heridas y policías también. No queremos algo parecido en la capital rusa”, indicó.
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También fue excluido del consejo presidencial Pável Chikov, cuya organización de derechos humanos Ágora se dedica a defender jurídicamente a los activistas detenidos o procesados ilegalmente por las autoridades
El decreto presidencial también privó de un lugar en el consejo a miembros críticos con el Kremlin como la politóloga Yekaterina Shulman.
Fedótov será sustituido por Valeri Fadéev, antiguo presentador del Primer Canal de la televisión pública rusa, y también ha sido incluido en el consejo Kiril Vishinski, el periodista ruso-ucraniano que permaneció quince meses en prisión tras ser acusado de alta traición y que fue liberado a finales de agosto y nombrado director del grupo mediático Rossía Sevodnia.
Con información de AFP y EFE
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