Este lunes se ha constituido una mesa de diálogo y pacificación para Bolivia a convocatoria de la Conferencia Episcopal, la ONU y la UE y en la que están presentes el Gobierno, los partidos políticos y representantes de la sociedad civil.
«El Sistema de las Naciones Unidas busca apoyar los esfuerzos por pacificar la situación en Bolivia. Este lunes se anunciaron el comienzo de un diálogo nacional y el despliegue de una misión de derechos humanos que investigará los hechos de violencia registrados recientemente en ese país», ha apuntado la misión de la ONU en Bolivia.
Los objetivos de las conversaciones son tres: pacificar al país, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales y alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral.
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Jean Arnault, el enviado personal del secretario general de la ONU para Bolivia, será el encargado de participar en este proceso en nombre de la ONU.
La convocatoria de la Conferencia Episcopal subraya que «el diálogo es el camino apropiado para superar las diferencias entre bolivianos», defendiendo que «celebrar nuevas elecciones, transparentes y confiables es el mejor camino para superar las diferencias en forma democrática y pacífica».
Este mismo lunes se ha conocido que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha desplegado un equipo en Bolivia para «esclarecer los hechos de violencia», informa la Oficina para América del Sur de la agencia que dirige la expresidenta chilena. La misión habría mantenido ya reuniones con actores nacionales bolivianos.
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Crisis política
Las protestas en Bolivia estallaron tras las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre, en las que Evo Morales proclamó su victoria pero la oposición denunció un «fraude gigantesco». La Organización de Estados Americanos (OEA) hizo una auditoría del proceso electoral en la que halló «irregularidades».
Morales dimitió el pasado 10 de noviembre y huyó a México, donde está en calidad de asilado político. Jeanine Áñez, segunda vicepresidenta del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder dejado por el líder indígena y la renuncia de otros altos cargos.
Ni Morales ni sus seguidores reconocen a Áñez porque consideran que su estancia en el Palacio Quemado es fruto de un “golpe de Estado”. Ella, por su parte, ha aseverado que solo estará en el cargo el tiempo necesario para convocar nuevas elecciones.
Con información de EuropaPress
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