El presidente del Senado brasileño, Rodrigo Pacheco, autorizó este miércoles prorrogar por 90 días la comisión que investiga posibles fallos, omisiones y sospechas de corrupción en la gestión de la pandemia de coronavirus que han salpicado al propio mandatario Jair Bolsonaro.
EFE
Los trabajos de la comisión, instalada el pasado 27 de abril, terminaban previsiblemente en agosto y ahora se extenderán al menos hasta noviembre, según solicitó un grupo de senadores y fue avalado por el jefe de la Cámara Alta.
Desde el inicio, el grupo parlamentario intenta señalar a los posibles responsables del agravamiento de una pandemia que ya se ha cobrado la vida de más de 537.000 brasileños entre los más de 19,2 millones de casos de la enfermedad registrados hasta el momento.
Compuesta por once senadores, siete críticos con Bolsonaro, y otros cuatro que le apoyan abiertamente, la comisión ha acelerado el desgaste que venía sufriendo el Gobierno, que vive su peor momento de popularidad, a falta un año y medio para las elecciones de 2022, a las que pretende presentarse el presidente brasileño.
En este periodo, el grupo convocó a declarar a exministros del Gabinete de Bolsonaro, quien niega la gravedad de la covid-19; al actual titular de la cartera de Salud, Marcelo Queiroga; altos funcionarios federales, así como representantes de farmacéuticas, entre otros.
Según el vicepresidente de esa comisión, Randolfe Rodrigues, esos testimonios demostraron que hubo «omisiones» en la compra de vacunas, una estrategia «deliberada» por la inmunidad de rebaño vía contagios, un «gabinete paralelo negacionista» que asesoraba a Bolsonaro y la apuesta por medicamentos ineficaces contra la covid, como la cloroquina.
Si bien los trabajos de la comisión se centran ahora en las sospechas de corrupción que existen en torno a las negociaciones para la compra de algunas vacunas por parte del Ejecutivo y que han salpicado directamente al jefe de Estado.
El escándalo comenzó con una serie de irregularidades que supuestamente se cometieron durante las negociaciones para la adquisición de un lote de vacunas Covaxin, de producción india.
Esos presuntos fraudes fueron comunicados al propio Bolsonaro por un diputado aliado y un funcionario del Ministerio de Salud meses antes de que salieran a la luz, según denunciaron ambos cuando declararon en la comisión.
En este sentido, la Corte Suprema de Brasil autorizó hace dos semanas a la Fiscalía investigar a Bolsonaro por un presunto delito de prevaricato, al ser informado del asunto y, al parecer, no ponerlo en manos de las autoridades.
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