Sudáfrica, que acogerá en agosto la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS, a la que se espera que asista Vladimir Putin, asegura ser «consciente» de su obligación legal de arrestarlo tras la orden emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra el presidente ruso.
EFE
«Tomamos nota de la información sobre la orden de detención que la CPI ha emitido contra el presidente Putin (…) Como Gobierno, somos conscientes de nuestra obligación legal», declaró a los medios este domingo durante una rueda de prensa Vincent Magwenya, portavoz del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa.
«Sin embargo, entre ahora y la cumbre, seguiremos en contacto con varios actores implicados con respecto a la cumbre y otros asuntos relacionados», puntualizó Magwenya, sin dar más detalles.
Según el portavoz, el Gobierno sudafricano sigue teniendo un «deseo muy fuerte» de que «el conflicto en Ucrania se resuelva de manera pacífica mediante negociaciones».
La CPI emitió este viernes una orden de detención contra Putin como «presunto responsable» de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania a Rusia, lo que se traduce en un crimen de guerra según el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.
Sudáfrica es un uno de los 123 estados firmantes del documento y, como tal, está obligada a cooperar con el arresto de los sospechosos.
El país africano, sin embargo, aseguró el año pasado haber adoptado una postura neutral sobre la guerra de Ucrania, al pedir diálogo y diplomacia para resolver el conflicto.
Esta posición no está sólo vinculada al papel estratégico político y económico que Moscú tiene para buena parte de África, sino también a motivos históricos como el apoyo ruso a los movimientos anticoloniales y de liberación del siglo XX, como la lucha contra el régimen segregacionista «apartheid» en el caso de Sudáfrica.
En junio de 2015, el Ejecutivo sudafricano se vio en una situación parecida cuando el expresidente sudanés Omar Al Bashir, sobre quien pesaba una orden de arresto por genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, asistió a una cumbre de la Unión Africana (UA) en Johannesburgo.
Entonces, Pretoria alegó que no podía arrestar a Al Bashir debido a su inmunidad diplomática como jefe de Estado y le dejaron aterrizar en el país, pero éste regresó a Sudán en menos de 48 horas para evitar problemas con la Justicia, que, obedeciendo a la CPI, había ordenado su detención.
No obstante, la CPI es el único tribunal que no reconoce la inmunidad de los jefes de Estado.
La corte decidió meses después abrir un procedimiento contra Sudáfrica por su falta de colaboración, pero en 2017 rechazó remitir la situación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como podía haber hecho según su reglamento, para proteger una futura cooperación con el país africano.
Brasil, Rusia, India y China crearon en 2006 el grupo BRIC, al que se unió Sudáfrica en 2010 añadiendo al acrónimo actual la letra s.
Esos cinco países forman parte también del Grupo de los Veinte (G20, grupo de naciones industrializadas y emergentes) y son el hogar de unos 3.200 millones de personas (algo más del 40 % de la población mundial).
Todavía no se han confirmado las fechas exactas ni la asistencia de Putin a la decimoquinta cumbre del bloque.
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