El discurso de la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, sobre el Estado de la región administrativa especial se tuvo que suspender por las protestas de los opositores, el bando pandemocrático, que acusó a Lam de tener «las manos manchadas de sangre».
EFE
Los opositores, algunos de ellos con pancartas de protesta, interrumpieron a Lam de manera continua cuando intentaba pronunciar el discurso para anunciar nuevas políticas, y la sesión en la sede del Consejo Legislativo hongkonés terminó por suspenderse.
Entre las consignas coreadas por los pandemócratas, se repitieron las peticiones de dimisión a Lam y las condenas a la brutalidad policial contra los manifestantes que han salido en masa a las calles desde el pasado mes de junio.
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Finalmente Lam se vio obligada a pronunciar su discurso en privado y a través de un mensaje en vídeo.
En un intento por calmar las protestas, la jefa del Ejecutivo local anunció que su gabinete encargará la construcción de 10.000 viviendas provisionales –en los próximos tres años en suelo público o alquilado a inmobiliarias-, que se pondrían a disposición de los ciudadanos que estén en lista de espera para optar a vivienda de protección oficial.
Según Lam, el desorbitado precio de la vivienda en la región administrativa especial sería una de las causas originarias de las protestas en Hong Kong, por lo que también anunció una relajación en las restricciones de la hipotecas, en especial para quienes opten a compra por primera vez.
La jefa del Gobierno aseguró que también se concederán ayudas al alquiler y que se acelerarán los procesos de venta de la vivienda de protección oficial.
La reacción a este anuncio se hizo notar de inmediato en la Bolsa de Hong Kong, donde la inmensa mayoría de las empresas inmobiliarias que allí cotizan dispararon sus beneficios.
El discurso de Lam no contó con ningún anuncio de reformas en materia política ni cedió a ninguna de las cuatro demandas que los manifestantes esperan lograr: una amnistía a los arrestados, una investigación independiente sobre brutalidad policial, la revocación del término «revuelta» para las protestas del 12 de junio y la introducción de sufragio universal en la elección del jefe del Ejecutivo.
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