En su polémica sentencia, los magistrados consideraron que esa prenda demostraba que la mujer “estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales”.
RT
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) de Perú ha suspendido por un plazo de 6 meses a tres jueces que en octubre absolvieron a un presunto violador porque consideraron que la mujer quería mantener relaciones sexuales ya que llevaba ropa interior roja de encaje, informó esta semana el periódico La República.
Se trata de los magistrados Ronald Anayhuamán, Diana Jurado y Lucy Castro, del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio Zona Sur, que durante el juicio por esta violación, que tuvo lugar presuntamente en la ciudad de Ica en enero de 2019, determinaron que la mujer anticipaba un encuentro sexual porque llevaba una “trusa femenina de color rojo con encaje en zona delantera”.
Según los jueces, este tipo de atuendo interior femenino “suele usarse en ocasiones especiales para momentos de intimidad”, lo que les llevó a “inferir que la agraviada se había preparado o estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales con el imputado”.
La OCMA declaró que los argumentos de los jueces podrían haber “ofendido la dignidad de la víctima” por su “carácter subjetivo y arbitrario” y criticó su “presunta visión estereotipada, que revictimizaría a la agraviada por el propio Estado“, ya que un juez actúa como operador de justicia.
Asimismo, la oficina subrayó que los magistrados violentaron la perspectiva y el enfoque de género, señalando que resulta “inconcebible que se prejuzgue” a una denunciante por el atuendo que vistiera.
Por otra parte, la OCMA encontró en las computadoras de dos de los jueces implicados documentos ajenos a sus labores, que evidenciarían un presunto uso de bienes del Estado para fines distintos a su función, así como actos de patrocinio indebido. El organismo adelantó que la suspensión de seis meses es una medida cautelar mientras se completa la investigación.
Previamente, la sentencia dictaminada por los jueces suspendidos provocó indignación y protestas frente a la Corte Superior de Justicia de Ica.
El 31 de octubre, el Ministerio Público solicitó que “se declare la nulidad y se disponga un nuevo juicio ante otro juzgado con las debidas garantías contra el acusado”. La absolución también fue apelada por la defensa de la víctima.
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