Una marcha convocada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) para pedir que la expresidenta interina Jeanine Áñez se defienda en libertad en los procesos iniciados en su contra a instancias del oficialismo terminó con tensiones entre ese grupo y otro contrario a la exmandataria.
EFE
La movilización fue liderada por la presidenta de la APDHB, Amparo Carvajal, junto a los hijos de Áñez, Carolina y José Armando Ribera, además del presidente de la Asamblea Legislativa departamental de la región oriental de Santa Cruz, Zvonko Matkovic, y decenas de personas de plataformas ciudadanas que llevaban banderas bolivianas.
Ayudada con un bastón, la activista, de 82 años, llegó caminando desde la sede de la APDHB en el centro de la ciudad hasta el penal de mujeres en el barrio de Miraflores, hacia el lado este de la ciudad, acompañada por decenas de personas de plataformas ciudadanas contrarias al Gobierno de Luis Arce.
Al llegar a la cárcel, la movilización se topó en las puertas con otro grupo que, portando la multicolor enseña indígena wiphala, exigía «justicia» por las muertes en las llamadas masacres de Senkata y Sacaba durante la crisis de 2019 y también reclamaban que Áñez permanezca en prisión.
Cuando Carvajal intentó conversar con los periodistas, los grupos contrarios a Áñez gritaron «asesinos» a los otros movilizados y empezaron a arrojar huevos contra la activista, ante lo cual la Policía la tuvo que proteger y escoltar para que lograra dejar el lugar.
Ambos grupos intercambiaron luego insultos y empujones, y los contrarios a la exmandataria destrozaron las pancartas de los otros.
POSICIONES ENCONTRADAS
En medio de la refriega, el activista opositor Guillermo Paz quedó sangrando al recibir el impacto de un objeto en la frente.
Paz culpó por la agresiones al gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), al que acusó de enviar «activistas violentos» en contra de la marcha que pide que Áñez se defienda en libertad.
Por su parte, Freddy Rojas, quien se identificó como dirigente de los «autoconvocados» de Senkata, un grupo afín al MAS, sostuvo que se movilizaron «para pedir justicia» por las muertes de 2019 y protestar contra supuestos «privilegios» que aseguran que Áñez tiene en prisión.
La exmandataria interina está encarcelada desde marzo pasado dentro de un proceso iniciado en su contra a instancias del oficialismo que la acusa de delitos como conspiración, terrorismo y sedición por el supuesto «golpe de Estado» de 2019.
El MAS considera que la salida de Evo Morales del poder en 2019 fue por un golpe de Estado, mientras que sus detractores sostienen que la crisis fue consecuencia de un fraude electoral en beneficio del entonces presidente en los fallidos comicios generales de ese año.
La polémica entre quienes aseguran que fue «golpe» y quienes sostienen que hubo «fraude» se acentuó tras la reciente presentación del informe de un grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que verificó graves vulneraciones durante la crisis de 2019 en Bolivia.
Aunque el grupo no investigó si hubo golpe o fraude, el Gobierno de Arce y la oposición han tomado fragmentos del informe para sostener sus respectivas versiones sobre la crisis.
SITUACIÓN DE ÁÑEZ
La salud de Áñez ha sido motivo de polémica nuevamente por recientes salidas a controles médicos en las que se la vio débil y desmejorada, mientras que el Régimen Penitenciario insisten en que está «estable» y sus enfermedades crónicas pueden tratarse en prisión.
El fin de semana, la exmandataria interina se provocó heridas en los brazos que el Gobierno calificó de «rasguños», mientras que su familia aseguró que requirió suturas.
Áñez, que padece de hipertensión arterial y síndrome ansioso depresivo, ha pedido varias veces que se le permita defenderse en libertad o cambiar la cárcel por arresto domiciliario, lo que le ha sido negado.
En algunas cárceles de Bolivia surgieron en las últimas horas pronunciamientos de reclusos que demandan un «trato igualitario» y denunciar supuestos «privilegios» de la exmandataria, una versión que es secundada por las autoridades para negar que sus derechos están siendo vulnerados.
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