La pandemia profundizó la situación de vulnerabilidad de los refugiados, quienes perdieron su fuente de ingreso y quedaron sin acceso a salud, alimentación, educación y vivienda, mientras que aquellos que retornan al país son revictimizados
La emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19 ha agudizado la vulnerabilidad de más de la mitad de los 5,1 millones de venezolanos que por distintas razones salieron del país en los últimos cinco años, no solo en el aspecto económico, sino también de sus derechos fundamentales. Pese a que este desplazamiento humano es reconocido actualmente como el más grande de América Latina y el segundo en el ámbito global después de la crisis de Siria, los programas de atención de los países de acogida a esta población y los esfuerzos de organismos multilaterales han sido insuficientes para atender el drama humano que se esconde tras las cifras.
El fenómeno de la diáspora venezolana en la región fue el tema central del Espacio de Transparencia Migrantes y refugiados venezolanos en el marco del COVID-19. Soluciones duraderas, actividad que tuvo como ponentes a Ligia Bolívar, investigadora asociada y responsable del Área de Derechos de Migrantes y Refugiados del Centro de DDHH de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), junto a la coordinadora de la organización, Yonaide Sánchez, como moderadora.
Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, destacó que muchas de las situaciones que enfrentan los migrantes y refugiados en otros países, mayoritariamente en la región, dan cuenta de que la violación de los derechos de los venezolanos se ha extendido más allá de nuestras fronteras.
Respuesta limitada e insuficiente
Ligia Bolívar explicó que más de 50% de los venezolanos que salieron del país de forma forzosa, por temor a afectaciones contra su vida, su libertad o su integridad, se encuentra de forma irregular en los países de acogida, principalmente Colombia y Perú. A pesar de que muchos tienen estudios superiores, la mayoría trabaja en el sector informal y vive del día a día. La falta de documentos no solo limita sus posibilidades de ingresar al sector laboral formal, sino también el acceso a la salud, la educación y la alimentación. “Con la pandemia muchos perdieron su fuente de ingreso y, al no poder pagar arriendo, fueron desalojados y quedaron prácticamente en situación de indigencia, durmiendo en plazas”.
Sobre las medidas y programas adoptados por la comunidad internacional para atender a esta población en el contexto de la pandemia, Bolívar ofreció un informe preliminar de una encuesta que el Centro de DDHH de la Ucab envió a más de 50 organizaciones de la región que trabajan directamente en el terreno con migrantes y refugiados provenientes de Venezuela. En el sondeo se evaluaron temas como alimentación, salud, vivienda, albergues de tránsito, transferencias monetarias, personas en situación de calle y protección del estatus migratorio.
De las respuestas ofrecidas por 16 países se desprende que la atención a las necesidades de migrantes y refugiados “ha sido limitada e insuficiente. En muchos países no hay planes especiales para atenderlos y no existe información. El panorama es muy preocupante porque nos indica que no hay suficientes programas, no se sabe dónde están los que existen y cómo acudir a ellos, y se desconoce de dónde vienen los fondos para cubrir estas iniciativas”.
Vuelta a la tragedia
A raíz de la precaria situación que enfrentaban en los países receptores, muchos venezolanos decidieron regresar a suelo patrio. Para Bolívar, no se trata de un fenómeno masivo, pues se calcula que son cerca de 50.000 personas las que han reingresado por la frontera con Colombia. “La cifra representa menos del 1% de los más de cinco millones que han emigrado. Es insignificante en números, pero supone un drama humano para quien lo padece”.
Afirma que los espacios de alojamiento temporal habilitados por el gobierno de Nicolás Maduro para que cumplan la cuarentena, no tienen las condiciones necesarias para recibir y atender a los retornados. Destacó que hasta el 18 de abril había cupo para 9.615 personas y para ese día había 6.539. Es decir, que esos espacios están casi al tope. Tal cifra no ha podido ser actualizada porque la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) cerró el acceso a la página que llevaba el mapa con estos datos. “Hay un problema de transparencia, porque es una información que debería ser pública”.
“Estamos frente a una situación de acogida de vuelta al país que tampoco es la ideal. No había condiciones de higiene para cumplir la cuarentena, ni se están brindando alimentos. Ante las quejas de las personas la respuesta ha sido la represión. Esto significa que se les presenta una situación de revictimización. Es decir, son personas que salieron de Venezuela huyendo de una situación de catástrofe y ahora regresan a una situación todavía más catastrófica y, encima, enfrentando un discurso de odio y exclusión”, expresó Bolívar.
Problema regional, esfuerzos globales
Muñoz coincidió en que la situación de los migrantes y desplazados venezolanos es compleja y que las medidas de aislamiento social y de paralización de la actividad económica por la pandemia la complican aún más, situación que, según dijo, es vista con preocupación por la OEA, organismo que a principios de abril preparó una guía rápida de respuestas inclusivas y con enfoque en derechos humanos, con el objetivo principal de orientar a los países miembros en cuanto a las políticas públicas ante el COVID-19, teniendo en cuenta las afectaciones particulares que sufren las poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre ellos los migrantes, refugiados y desplazados.
Las recomendaciones están enfocadas en integrar a los venezolanos a los planes nacionales creados para prevenir y combatir el COVID-19; garantizar el acceso a la información, el acceso equitativo a las pruebas del virus y a la atención médica, independientemente de su situación migratoria; además de frenar las detenciones migratorias.
Muñoz agregó que insisten en los esfuerzos por lograr el reconocimiento de la condición de refugiados, también en que se creen medidas que permitan la extensión de las visas de trabajo y en acciones certeras para combatir las acciones y discursos discriminatorios y xenófobos. Aseguró que la mayoría de los países han sido solidarios con los migrantes y refugiados venezolanos, pero con las limitaciones que su marco legal y fiscal imponen. “A veces quisiéramos que fuesen más las garantías de protección porque es un drama humano importante, pero el nivel de respuesta varía según los países, algunos los incluyen como beneficiarios de sus programas de atención a la pandemia como flexibilización de pagos de renta, bolsas de alimentos y albergues, con los retos que plantea su situación de irregularidad”.
Reconoció que en el ámbito multilateral los esfuerzos son insuficientes comparados con la demandas y necesidades de los afectados, pero están surgiendo nuevas iniciativas de apoyo. “Desde la OEA siempre tratamos de incidir en las respuestas de los estados a través del diálogo político y la cooperación técnica de la organización hacia y entre los países. También es clave el trabajo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y Acnur, que tienen una ventaja de presencia territorial en los países receptores y lideran el llamado Proceso de Quito, en donde se reúnen representantes de diferentes países para consensar propuestas y respuestas para integrar a los venezolanos”.
En este contexto, y en vista de que las capacidades nacionales de los países de acogida han llegado a un punto crítico, este martes 26 de mayo se celebrará la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con refugiados y migrantes de Venezuela, convocada por España y la Unión Europea para buscar financiamiento para apoyar las respuestas ante el desplazamiento de venezolanos. “Son esfuerzos encomiables de los organismos multilaterales, aportes para atender la situación, pero sabemos que son insuficientes ante los grandísimos retos que enfrentan. Es vital seguir discutiendo y empujando la voluntad política hacia soluciones duraderas.
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