La delegación de la Unión Europea (UE) y misiones diplomáticas acreditadas en La Paz rechazaron este jueves haber participado en una «conspiración» y un «golpe de Estado» contra el expresidente boliviano Evo Morales en 2019.
AFP
«La delegación de la Unión Europea, junto con las misiones diplomáticas de los estados miembros de la UE en Bolivia, rechaza categóricamente las acusaciones de haber participado en noviembre de 2019 en una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado», indicó la oficina del bloque europeo en La Paz en un comunicado.
Estas declaraciones responden a señalamientos hechos en los últimos días por parte del gobierno del presidente izquierdista Luis Arce -delfín de Morales- y de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS) sobre una supuesta asonada contra Morales.
«No somos colonia ni del Vaticano ni de la Unión Europea, ni de nadie, Bolivia es un estado independiente», dijo esta semana en un informe al Parlamento el procurador general, Wilfredo Chávez.
«La participación de esos actores, al margen de ser una participación contraria a la Constitución, es una participación ilegal, es una participación delincuencial pues estaba atribuyéndose los derechos del pueblo», añadió.
Con ese discurso, el oficialismo impulsa un juicio por la vía penal contra la expresidenta de derecha Jeanine Áñez, encarcelada en marzo pasado, varios de sus ministros y exjefes de las Fuerzas Armadas.
También involucra a varios políticos, como los exmandatarios Carlos Mesa (2003-2005) y Jorge Quiroga (2001-2002), de haber organizado un «golpe» en medio de una fuerte convulsión social para promover la salida de Morales -tras 14 años en el poder- y su reemplazo por Áñez.
La UE dijo en su pronunciamiento que junto a la Iglesia católica «ayudó a pacificar el país en tiempos de extrema tensión, facilitando una plataforma de diálogo, con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país».
Esas mesas de diálogo se produjeron entre oficialistas y opositores en medio del caos social, con un motín policial y con militares que le quitaron el respaldo a Morales.
Los conflictos de octubre y noviembre dejaron unos 35 muertos, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se originaron cuando opositores de Morales le acusaron de haber hecho fraude electoral para gobernar hasta 2025.
Morales, en el poder desde 2006, renunció y salió exiliado hacia México y luego Argentina.
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