Álvaro Uribe fue derrotado jurídicamente este miércoles en una larga batalla penal. El expresidente esperaba que una jueza de Bogotá archivara una investigación en su contra que arrancó en 2018, abierta por la Corte Suprema de Justicia, por supuesto soborno a testigos y fraude procesal. Pero ocurrió lo contrario: la jueza ratificó que esa investigación debe continuar contra el expresidente. Este es el caso judicial más importante actualmente del país y la decisión de esta jueza tiene consecuencias jurídicas y políticas para el expresidente más poderoso del país.
El caso penal es un largo laberinto jurídico que no terminará pronto, como quería Uribe. En 2018 y 2020, la Corte había dicho que había suficiente evidencia para señalar que algunos testigos recibieron compensaciones de enviados del expresidente para favorecerlo en un caso judicial. El expresidente renunció entonces a su silla en el Senado para no ser investigado por la Corte Suprema sino por la Fiscalía. El subtexto de esa decisión, se entendió entonces, es que la Fiscalía sería menos dura con el expresidente porque el Fiscal era cercano al presidente uribista Iván Duque.
Y así fue. En marzo del 2021, la Fiscalía desestimó varias de las pruebas que había recolectado la Corte Suprema –testimonios en las cárceles o grabaciones telefónicas, por ejemplo– y pidió que se archive la investigación. Las víctimas, en particular el senador de izquierda Iván Cepeda, se opusieron. Cepeda, de acuerdo a la evidencia, fue la persona que Uribe buscaba atacar con estos supuestos falsos testigos.
Así fue que el caso terminó, después de varias vueltas jurídicas, en manos de esta jueza que debía dar luz verde a continuar con la investigación, o luz roja y archivarla. Este miércoles, la luz fue verde.
La jueza, Carmen Ortiz, criticó duramente casi todos los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes para pedir archivar la investigación. Si la Fiscalía decía que no había evidencia para asegurar que tres exparamilitares presos –Giovanni Cadavid, Elso Mármol y Máximo Cuesta– habían sido sobornados por el uribismo para hablar contra Cepeda, la jueza dijo que, como lo había visto la Corte Suprema, sí había sospechas de las motivaciones de ellos para acusar al líder de izquierda al mismo tiempo. Así que sus testimonios no pueden ser excluidos. O si la Fiscalía decía que el expresidente Álvaro Uribe no sabía de sobornos que su abogado, Diego Cadena, había hecho a algunos de los testigos, la jueza estaba en desacuerdo. Sí existen pruebas, dijo Ortiz, que indican que el abogado pudo actuar a nombre del expresidente en reuniones con algunos testigos. Además, criticó la jueza, hubo algunos testimonios que la Fiscalía ignoró y que la Corte Suprema había considerado relevantes. Después de explicados todos sus argumentos –en una audiencia que duró casi 10 horas– el fiscal Gabriel Jaimes dijo que no apelaría la decisión de la jueza. Las investigaciones, entonces, deberían continuar.
La decisión de la jueza Ortiz no permite definir si Uribe es o no culpable por soborno o manipulación de testigos. Lo que permite es definir que sí hay suficiente evidencia para que en un juicio contra él continúe investigándose. O en otras palabras, que hay evidencia para mantener la duda sobre la inocencia de Uribe. La decisión de esta jueza puede ser ahora apelada por los abogados de Uribe ante Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que debería definir si la jueza Ortiz se equivocó o no al mantener la investigación. Pero difícilmente ese tribunal tomará una decisión antes de finales de mayo, cuando se lleven a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
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