Eran las 3:00 p. m. del pasado miércoles 4 de mayo. Varios uniformados de la Policía y la Interpol llegaron a la celda de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, en la Dijín, donde completaba 193 días desde que fue capturado. El detenido recibió la visita sentado frente a una pequeña mesa, acondicionada en el lugar. Allí se inició el trámite de su extradición a Estados Unidos.
Por SEMANA
Uno de los seis policías a cargo de la diligencia, grabada en video y conocida en exclusiva por SEMANA, dejó en claro ese día que había testigos del trámite. “Yo le dejo la copia como está establecido para su nombre y firma”, le dijo a Otoniel, vestido de chaqueta negra, con tapabocas, quien se vio desconcertado en las imágenes.
En el momento en el que el policía le explicó que se trataba del acto administrativo de su extradición, Otoniel solo preguntó: “¿De qué?”, y miró a los uniformados de pies a cabeza. Cuando le notificaron que sería enviado a Estados Unidos en los próximos minutos, se negó a firmar el documento. Otoniel intercambió algunas palabras, mientras movía sus manos en señal de protesta. Un coronel jefe de la Interpol estuvo todo el tiempo frente a la seguridad del capo.
Su sofisticado plan para evitar una prisión federal había fracasado. SEMANA conoció documentos reservados que prueban que las autoridades colombianas no solamente grababan las 24 horas del día los movimientos del exjefe del Clan del Golfo en su celda (salvo las visitas conyugales) y lo escuchaban de manera legal, sino que descubrieron que tenía dos objetivos en marcha.
El primero consistía en boicotear su extradición mediante maniobras dilatorias en los despachos judiciales. Para ello, el eje central sería una especie de tutelatón de víctimas que alegaban la necesidad de que Otoniel permaneciera en Colombia. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición del peligroso capo, una tutela en el Consejo de Estado le puso un freno temporal al trámite. Sin embargo, ese alto tribunal, el pasado miércoles, levantó la restricción. El presidente Iván Duque, de inmediato, dio la orden de extraditarlo. La polémica estalló. Mientras que gran parte del país y las autoridades de Estados Unidos aplaudieron a Duque y a la fuerza pública, un sector de la oposición lo criticó por haber extraditado al capo supuestamente más rápido de lo normal, aunque ya llevaba casi siete meses tras las rejas.
“En este gobierno no graduamos de estadistas a los delincuentes (…) Aquí nada se ha hecho de carrera. De hecho, este delincuente se hubiese podido ir la semana pasada cuando se dio la medida cautelar del Consejo de Estado. Se tomaron los tiempos, se esperó a que se adelantara el proceso en la sala respectiva. La sala de forma unánime negó esa tutela. Y por eso se procedió”, dijo el presidente Duque.
Justo a la misma hora en que Otoniel era entregado a los agentes de la DEA, otra tutela –que podría haber postergado el operativo– fue interpuesta de afán ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia por una mujer identificada como Jessica Tatiana Betancourt Álvarez. El recurso legal se instauró contra el presidente de la república, la Sala de Casación Penal, la Fiscalía, la JEP y todas las partes intervinientes en la extradición del más importante capo de la droga capturado en el país desde la muerte de Pablo Escobar, en 1993.
Otoniel también intentó persuadir a la Procuraduría y a la JEP en una de las audiencias, en medio de la cual se echó a llorar y se mostró como una víctima de supuesto maltrato de quienes lo vigilaban. Solo quería impresionar a los presentes. Todo formaba parte de un libreto.
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