El presidente de Colombia, Iván Duque, volvió a referirse a la orden de arresto domiciliario y la multa de 15 salarios mínimos legales vigentes impartida por parte del Tribunal Superior de Ibagué, debido a su desacato a una decisión judicial de 2020 que le ordenaba proteger una reserva natural.
Duque pidió que se adelante una investigación contra el magistrado de aquel tribunal al considerar que tomó una determinación “absurda y abiertamente ilegal”.
“Eso es absurdo, nosotros siempre hemos sido respetuosos de la justicia, claramente hay un cumplimiento de esa sentencia, y es un cumplimiento que se ha venido reportando periódicamente”, declaró el presidente. Y añadió:
“Lo que es absurdo es que se esté pasando por encima de un fuero constitucional, por eso esto es ilegal, es abiertamente ilegal. Es un prevaricato ostensible y por eso esperamos también que el Consejo de Disciplina Judicial se pronuncie al respecto y también esperamos que el Ministerio Público haga lo propio”.
Para el presidente Iván Duque, pasar por encima del fuero constitucional que se le otorga a cada presidente de la República es un claro acto de ilegalidad que debe ser investigado. “Lo que pasa es que es una ilegalidad y las ilegalidades se tienen que investigar, a todas luces no solamente se está pasando por encima de un fuero constitucional, sino también se está pasando por encima de sentencias de la Corte Constitucional que hablan que el fuero del presidente de la República es un fuero absoluto y entonces me parece que esto debe ser investigado por la Comisión de Disciplina Judicial”, declaró.
Adicionalmente, Duque dijo estar cumpliendo con la orden de la orden de la Corte Suprema de Justicia de crear un grupo especial para la preservación del Parque Natural Nacional los Nevados:
“Con los funcionarios del Gobierno y como presidente de la República, hemos ido trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de los Nevados y lo hemos informado. Vimos un acto inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde se ordena, supuestamente, el arresto del presidente de la República por no cumplir una sentencia. Esa sentencia está cumplida y los reportes están”.
Cabe recordar que el pasado sábado 4 de junio, el Tribunal Superior de Ibagué tomó dicha determinación contra el máximo mandatario de los colombianos debido a su supuesto desacato a la orden de la Corte Suprema de Justicia de conformar un grupo de la Fuerza Pública para proteger al Parque de los Nevados, ubicado en la región cafetera de los Andes.
Resulta que al ser el parque un sujeto de derechos, el fallo estableció que el Presidente es el representante legal de la zona, y recayó sobre él la responsabilidad de crear un grupo para su conservación.
Duque tenía un año para poner en marcha un plan para preservar el parque desde el momento que la Corte Suprema lo declaró “sujeto a los derechos de la vida, salud y ambiente”. Pero, además del Presidente, la orden debía ser cumplida por Parques Nacionales Naturales de Colombia y la administración de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima.
En conjunto, todos debían crear un plan para “recuperar, mantener y conservar el Parque Nacional de los Nevados”. Además, el Presidente debía asignar una fuerza militar o policial para proteger los nevados.
Según ha dicho el gobierno, se asignó un “delegado” para cumplir con la sentencia de la Corte, y también se han realizado “mesas de trabajo” en las capitales de los departamentos mencionados anteriormente y que incluso se elaboró una “matriz de acompañamiento”.
De todas formas, la decisión del Tribunal Superior de Ibagué ha causado controversia en el país debido a que se ha considerado que, como dice el mismo presidente Duque, no tiene en cuenta el fuero presidencial otorgado por la Constitución.
En la Sentencia C-222/96 de la Corte Constitucional también se declara que una orden sobre un jefe de Estado “solo podría tener discusión en una alta corte y no en un tribunal superior”.
Por ese motivo es que el Tribunal de Ibagué envió su veredicto a la Sala Laboral de la Corte Suprema para su revisión. Allí, dicho fallo podría ser tumbado por medio de una tutela. No obstante, el veredicto final lo tendrá la Corte Constitucional.
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