La Fiscalía de Venezuela, expresó su desacuerdo con el pronunciamiento de relatores de la ONU, sobre su «preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas, sin tener ninguna base para ello».
Por medio de un comunicado, la Fiscalía de Venezuela, indicó que «Se manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de un comunicado han manifestado preocupación respecto al uso de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello».
«El ministerio público ratifica su compromiso con la paz y los derechos humanos y rechaza que se haya orquestado una campaña que pretende difundir que las condenas de estos ciudadanos se debe a su supuesta participación en organizaciones sociales», reza parte del comunicado.
«Cómo fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada unidad de resistencia popular (URP), este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno Nacional, entre ellas asaltar un conscripto de aislamiento militar de San Jacinto en Mérida con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto».
«Es evidente que estamos asistiendo a un abuso crónico de las medidas antiterroristas contra quienes defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras, buscan mejorar las condiciones laborales, y participan en organizaciones sindicales en Venezuela», señalaron los expertos. «En un proceso judicial marcado por irregularidades y excepcionalidades, tal abuso de medidas antiterroristas es totalmente contrario al derecho internacional», afirmaron.
«Es de aclarar que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de la organización sindical», aseguró la Fiscalía de Venezuela.
«Venezuela, se aplican los principios del derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa y el derecho a los condenados a recurrir al fallo como efectivamente han hecho», puntualizó la Fiscalía de Venezuela.
A continuación el comunicado íntegro:
El ministerio público y la República volverán a Venezuela, manifiesta en su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores en las Naciones Unidas, Fionnuala Ní Aoláin y Clément Nyaletsossi Voule, quienes a través de un comunicado, ha manifestado preocupación respecto al uso en el país de leyes antiterroristas contra sindicalistas sin tener ninguna base para ello.
El pasado 1ero de agosto, los ciudadanos Alcides Bracho, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez y Néstor Astudillo, fueron condenados por el juzgado número 2 de primera instancia, en función de juicio con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, con jurisdicción a nivel nacional por los delitos de conspiración y asociación a cumplir una pena de 16 años de prisión.
Cómo fue informado oportunamente a la opinión pública, estos seis hombres pertenecían a una organización subversiva y conspirativa denominada Unidad de Resistencia Popular (URP), este grupo había planificado realizar varias acciones en contra del Gobierno Nacional, entre ellas asaltar un conscripto de aislamiento militar de San Jacinto en Mérida. con el objetivo de apoderarse del parque de armas albergado en ese recinto.
Con estas armas planificaban realizar actos de sabotaje y entorpecimiento en las actividades del 5 de julio de 2022, en las que participaría el presidente de la República Bolivariana Venezuela, Nicolás Maduro, y el alto mando militar.
Al momento de la pensión realizada entre el 4 y 9 de julio de 2022, a los seis (6). se les incautaron evidencias de interés criminalístico que los vinculan a ese grupo subversivo.
En base a las evidencias recabadas al Ministerio Público, presentó acusación contra los implicados a los días 20 y 23 de agosto 2022.
El juicio se extendió porque hace 6 meses, y tuvo un total de 13 audiencias, en las que fueron evacuados 15 órganos de prueba que sustentaban la acusación, que una vez evaluados llevaron al juzgado a dictar la sentencia condenatoria contra los acusados.
Es de aclarar, que ninguno de estos ciudadanos presentó durante el juicio alguna constancia que lo acreditara como miembro de la organización sindical.
La supuesta condición de luchadores sociales o sindicalistas que se esgrime en la defensa pública de los condenados, no implica algún tipo de humanidad, que le exima de la aplicación de la ley por su participación en hechos que atentan contra la paz y la seguridad de la nación.
Es necesario ratificar que en Venezuela, se aplican los principios del derecho al debido proceso, que incluye el derecho a la defensa y el derecho a los condenados a recurrir al fallo como efectivamente han hecho.
#COMUNICADO….El @MinpublicoVEN manifiesta su #desacuerdo con pronunciamiento de relatores de la ONU.
El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela manifiesta su total desacuerdo con la postura asumida por los relatores de Naciones Unidas Fionnuala Ní Aoláin y… pic.twitter.com/yGW2yEPFmk
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 11, 2023
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