Héctor Barraza, juez de Garantías en Arica, norte de Chile, se encuentra bajo la lupa de todo Chile. ¿La razón? En el marco del juicio contra “Los Gallegos”, brazo operativo del Tren de Aragua en el norte del país, ordenó revelar la identidad de 56 testigos protegidos a la defensa de la organización criminal, situación llamó la atención del Ministerio Público, el sistema de justicia y del propio gobierno nacional.
La decisión de Barraza pone en peligro la vida de cada una de las personas que se atrevieron a dar su testimonio durante un proceso en el que se solicitan cadenas perpetuas al menos a 11 de los 44 delincuentes llevados a juicio. Los testigos recibieron medidas especiales de resguardo.
La acción encontró respuesta de la Corte de Apelaciones que exigió a los defensores de la organización criminal entregar los sobres retirados con los nombres de los testigos, aunque desde el Gobierno apuntan a que las listas no llegaron nunca a manos de los abogados que defienden los intereses del Tren de Aragua.
El Ejecutivo pide investigarlo
Por ello el Gobierno confirmó este viernes Bio Bio Chile, recurrió a la Corte Suprema -tal como lo permite la Constitución chilena- para evaluar al juez que entregó los antecedentes. Fue Luis Cordero, ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien confirmó que el Ejecutivo recurrió a la Corte Suprema para evaluar la conducta del juez que liberó la lista de testigos.
De acuerdo a la información que tiene el Gobierno, dijo Cordero, “esos antecedentes no fueron revelados a terceros a la espera de la resolución del recurso de protección”.
En concreto, es el art. 32 de la Constitución -en el numeral 13- que permite al Presidente de la República revisar la conducta ministerial de los jueces y otros empleados del Poder Judicial. Se trata de “requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al Ministerio Público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación”.
Por esto, y por instrucciones del Presidente, (Gabriel Boric) esta jornada el Ministerio de Justicia remitió a los antecedentes sobre la decisión del juez a la Corte Suprema, confirmó el secretario de Estado.
«La forma y modo en que se adoptaron las decisiones es posible que se hubiesen dado incumplimiento a deberes funcionarios”, precisó Cordero, quien agregó que las medidas de la Suprema son amplias y van “desde la instrucción de un procedimiento disciplinario hasta indagaciones administrativas que les corresponde definir a ellos”.
Situación excepcional
Consultado por si algún presidente antes se ha acogido a este artículo de la Carta Fundamental, Cordero respondió que esta “es una situación muy excepcional”.
Respecto a la percepción del Ejecutivo, el ministro Cordero explicó que aquí hay dos aspectos: uno es el jurídico que se está discutiendo en tribunales y otro es la diligencia con los deberes funcionarios que tiene un juez. “Sin embargo, al Ejecutivo no le corresponde calificar el fondo de esa decisión (…) deja los antecedentes a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, a quien le corresponde tomar las decisiones en la forma y en el fondo respecto a este asunto”, agregó.
«Es una situación que en nuestra opinión es compleja, es sensible, pero es especialmente porque es un hecho público y notorio (…) en el caso del crimen organizado y en este caso en particular. No solo aquí está en juego y relevante el derecho a la defensa extremadamente relevante, pero esta es una investigación donde hay testigos protegidos y también agentes encubiertos que son vitales para la investigación”, concluyó.
Este hecho ocurrió a pocos días que se conocieran las amenazas de la banda dedicada al crimen organizado contra jueces y fiscales. Asimismo, después que se informara sobre un supuesto plan de ataque contra los magistrados por miembros, que se encuentran privados de libertad, del Tren de Aragua.
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