Mientras el gobierno de Nicolás Maduro reclama que liberen el Boeing 747 secuestrado en Buenos Aires, la justicia de Argentina sospecha sobre su verdadera titularidad. La fiscal Cecilia Incardona detectó, en función al plan de vuelo, que al 23 de abril pasado la aeronave pertenecería a Qeshm Fars Air y no a la venezolana Emtrasur ni a la firma iraní Mahan Air.
Qeshm Fars Air es otra compañía incorporada en la lista negra de terroristas de Estados Unidos y de la cual sería CEO el piloto iraní imputado por posibles «vínculos con el terrorismo internacional». Esa aerolínea está incluso más complicada en los informes que la vinculan con el terrorismo que Mahan Air.
Además, la fiscal detectó en la revisión del avión una tarjeta colgante del piloto con el nombre de Qeshm Fars Air.
El Tesoro de Estados Unidos explicó que muchas aerolíneas comerciales iraníes como Qeshm y Mahan Air «apoyan los esfuerzos del régimen iraní para fomentar la violencia regional a través del terrorismo, sus programas de armas».
EE.UU. sostiene que Irán «confió reiteradamente en aerolíneas comerciales iraníes para transportar soldados y material bélico hacia destinos internacionales en promoción de las operaciones terroristas, financiadas por el estado iraní».
Según los tripulantes venezolanos del avión la aeronave le pertenece a Emtrasur, la subsidiaria de la estatal Conviasa. Bajo ese argumento es que reclamaron la devolución del Boeing 747.
Pero la fiscal Incardona desconfía de esa información por los datos que recolectó y así lo detalló en un escrito. «En primer lugar, dentro del avión, durante la inspección ocular, fue hallada documentación (plan de vuelo) en la que, al 23 de abril de 2022, la aeronave figuraría como perteneciente a Qeshm Fars Air, lo cual se contradice con la información presentada por la tripulación en cuanto a que fue adquirida por la empresa venezolana Emtrasur el 11 de enero de este año», detalló la fiscal.
A la documentación se sumaron otros datos: durante la inspección ocular efectuada en la aeronave, fueron secuestrados los siguientes elementos: «Un colgante de cuello color azul que rezaba “Qeshm Fars Air” el cual contaba con una credencial plastificada a nombre de Captain Gholamreza Ghasemi” de Mahan Airlines y otra credencial a nombre de Captain Gholamreza Ghasemi de Fars Air», indica el documento al que accedió Clarín.
Durante el allanamiento del hotel de Canning donde se alojan los tripulantes, la Justicia también secuestró en poder de Ghasemi una credencial de Emtrasur a su nombre como piloto al mando con vencimiento al 31/12/2022 y una credencial de la República Bolivariana de Venezuela INAC, también a su nombre.
¿Qué dijo Estados Unidos sobre Qeshm Fars Air? «Fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, ya que proporciona asistencia a la Quds Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT)».
También consignó que el piloto demorado en Buenos Aires Gholamreza Ghasemi «es CEO y miembro del consejo de administración”, de dicha compañía.
«Qeshm Fars Air opera diversos vuelos semanales a Damasco en representación de IRGC-QF para apoyar las atrocidades y el sufrimiento humano causado por el Régimen Assad», dice el informe de OFAC fechado en 2019, cuando Irán era acusado de haber colaborado con el gobierno sirio en la represión a los levantamientos en su contra.
Varios centenares de soldados extranjeros del IRGC-QF, incluyendo niños de hasta 14 años -continúa detallando el documento-, «han muerto luchando en la guerra de Irán en Siria, y los restos de soldados extranjeros asesinados han sido transportados desde Siria de regreso a Irán a bordo de vuelos de Mahan Air».
Más diferencias en la documentación
Las inconsistencias no terminan allí. Según el certificado de matrícula 8141 del Boeing 747 3B3 expedido por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la República Bolivariana de Venezuela, el avión se matriculó el 11 de enero de 2022. «Sin embargo, la póliza de seguro presentada, también como documentación habilitante de la aeronave, emitida por la empresa Seguros Miranda, con sello del Gobierno Bolivariano de Venezuela, es anterior, data de fecha 16 de diciembre de 2021».
Es decir que la documentación agregada hasta el momento es «insuficiente para despejar dudas respecto de cuál es la firma verdaderamente propietaria de la aeronave aquí secuestrada y, en su caso, a partir de qué momento adquirió esa propiedad y cuáles fueron los términos de dicha operación comercial», concluyó la fiscal.
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