El ex jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano con Chávez, el general Hugo Armando Carvajal Barrios, más conocido como ‘El Pollo’ Carvajal, está camino de prisión, pero lleva dos años huido de la Justicia de Estados Unidos por la negativa del Gobierno español de PSOE y Podemos a entregarlo. El jueves fue detenido en un piso de 146 metros cuadrados en la calle Torrelaguna, en Madrid, acusado de tráfico de drogas y armas por la DEA, y ahora está camino de la cárcel esperando su traslado a Estados Unidos. El precio medio de los pisos en el edificio donde fue arrestado Carvajal es de 670.000 euros.
Por Luis Miguel Montero – okdiario.com
Es el último caso de una serie de gerifaltes y altos mandos del régimen chavista refugiados en España que con la irrupción de Podemos en el Gobierno español han encontrado en nuestro país un oasis donde escapar de la acción de la Justicia internacional, más en concreto de la de Estados Unidos.
‘El Pollo’ Carvajal tenía orden de detención dictada por la Audiencia Nacional desde noviembre de 2019 cuando la Audiencia enmendaba una sentencia anterior que había negado su extradición al entender “una motivación política”, a pesar de que detrás de la petición había una larga investigación de la DEA estadounidense que lo acusa de tráfico de drogas y de armas por todo el Cono Sur y Centroamérica.
Mientras los tribunales españoles se enfangaban en recursos ‘El Pollo’ Carvajal, en libertad provisional, aprovechó para fugarse hasta que en marzo de 2020 el Gobierno aprobó finalmente su extradición.
Este jueves a las 21.15 horas el Grupo II de Fugitivos de la UDYCO Central, en una operación conjunta con la DEA, lo encontró en un piso ubicado en la calle Torrelaguna de Madrid junto a una mujer de 31 años, que no fue detenida y es la propietaria legal de la vivienda. Según ha informado la Policía Nacional, Carvajal vivía «totalmente enclaustrado, sin salir al exterior ni asomarse a la ventana, y siempre protegido por personas de confianza». Fue trasladado a las dependencias de la comisaría de Moratalaz.
El que fuera jefe de Contrainteligencia Militar con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro está perseguido por las autoridades estadounidenses por hechos que se produjeron entre 1999 y 2019, acusado de pertenencia al llamado ‘Cártel de los Soles’, supuestamente gestionado por cargos chavistas y dedicado al tráfico internacional de drogas.
Su abogado en España alega una detención ilegal, ya que no existen delitos en nuestro país y la DEA norteamericana participó “sin autorización” en esta detención.
El éxodo chavista a España comenzó en 2013 con las sanciones de EEUU a Venezuela. Entonces muchos altos cargos, funcionarios o militares corruptos y adeptos al régimen de Chávez y Maduro eligieron España para esconderse ellos y su dinero.
Un total de 11 ciudadanos venezolanos han sido investigados a fondo, de ellos seis por blanqueo de capitales. En concreto Nervis Villalobos, Javier Alvarado Ochoa, Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián Velásquez Figueroa, José Roberto Rincón Bravo y Rafael Ernesto Reiter Muñoz.
Otros dos fueron extraditados a Estados Unidos para ser enjuiciados por delitos de corrupción vinculados a sobornos y a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), Luis Carlos de León Pérez y César Rincón Godoy. Otro de estos 11 ciudadanos venezolanos dejó de ser jefe de seguridad de Chávez para invertir en el ladrillo, en concreto en una inmobiliaria, el capitán Carlos Aguilera Borjas. Pero sin duda, el más conocido es ‘El Pollo’ Carvajal.
En necesario explicar que tras la llegada del chavismo Venezuela se convirtió en uno de los países más corruptos del mundo. Transparencia Internacional le otorga el puesto 176 de 180 de un índice elaborado a nivel mundial. Rafael Ramírez, ex presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) única fuente de ingresos de divisas del país durante muchos años, cifró el saqueo de la empresa estatal en unos 700.000 millones de dólares, algo así como la mitad del PIB español.
Con la dictadura de Maduro, España y Madrid se convirtieron en el destino preferido de los ‘bolichicos’, funcionarios y empresarios afines a Maduro y Chávez. En la distribución de este dinero, varios millones de dólares han llegado a España, especialmente a Madrid, mediante la obtención de la Gold Visa.
Javier Alvarado, viceministro de Energía
En mayo del 2019, Javier Alvarado Ochoa fue detenido en Madrid, acusado de blanqueo de capitales. Según la investigación iniciada en Andorra por Estados Unidos, en concreto por un juzgado de Texas, el chavista habría recibido millones de euros en sobornos y pagos de PDVSA.
Ochoa trabajó durante cuarenta años ligado a cargos chavistas, fue viceministro de Energía y presidente de Bariven, filial de PDVSA. También dirigió la empresa pública Corpoelec, gestionada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), responsable de los frecuentes apagones de energía en Caracas y otras ciudades venezolanas.
En España la investigación llegó a la Audiencia Nacional después de la inhibición del Juzgado de Instrucción de Madrid, por sus contactos con el grupo empresarial Duro Felguera. También Portugal inició investigaciones por el uso del banco Espíritu Santo en Venezuela para realizar el supuesto pago de sobornos.
Tras su detención el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ordenó el ingreso en prisión de forma provisional, pero la Audiencia Nacional negó en segunda instancia su extradición a Estados Unidos en febrero de 2020 como pedía la Fiscalía por tener más “capacidad de atender el caso” y por “adquisición fraudulenta de nacionalidad española”. La nacionalidad española es ahora uno de los argumentos esgrimidos más importantes para no extraditarlo.
Alvarado Ochoa figura en muchos de los informes policiales usados por la UDEF en la operación Maraca, donde fueron detenidos en octubre de 2018 varios ex altos cargos y empresarios venezolanos, entre ellos Alvarado Ochoa.
El suicidio de Márquez
Juan Carlos Márquez no era un simple directivo de PDVSA que firmaba contratos con Morodo. Era el secretario general de Entes Corporativos. Fue el responsable de gestionar movimientos de millones de dólares de la estatal petrolera dirigida por Rafael Ramírez a diversas cuentas. Entre ellas la de Morodo, es por ello que la Audiencia Nacional quería usarlo como testigo para varias causas abiertas en Estados Unidos y España.
Juan Carlos Márquez fue la persona que firmó en nombre de la compañía los tres principales contratos con Alejo Morodo, hijo de Raúl Morodo, embajador de España en Venezuela con el Gobierno de Zapatero. El 20 de mayo de 2029 el juez pidió su detención, cosa que no ocurrió hasta el 18 de julio, cuando el ex jerarca chavista pisó Barajas en un avión procedente de Estados Unidos.
El hombre clave de la investigación declaró ante la Audiencia y aceptó haber firmado los cheques de PDVSA; no obstante, apareció extrañamente muerto en su despacho de Alcobendas un domingo, dos días después de declarar.
Junto a él fueron detenidas otras tres personas por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La Fiscalía los acusa de blanqueo de capitales, de al menos cuatro millones de euros provenientes de PDVSA. La Policía no detuvo al ex embajador Morodo, a pesar de figurar entre los investigados por presumirse que era uno de los cabecillas de la trama, debido a su avanzada edad de 84 años. El caso se bautizó como Caso Morodo u Operación Nafta. Y se inscribe dentro del supuesto saqueo de 30 millones de dólares a PDVSA.
Raúl Morodo accedió al cargo de embajador después de ocupar el escaño como diputado del PSOE. Durante su larga estancia en la Embajada española en Caracas él y su familia entablaron una cercana relación con Hugo Chávez.
Según la Audiencia Nacional, el hijo del ex embajador Morodo, Alejo Morodo, envío desde una sociedad, en la que figuraba como titular, parte del dinero de PDVSA a una cuenta de René Arreaza, quien fue en su momento el coordinador general de Vicepresidencia del Gobierno del extinto Hugo Chávez.
Nervis Villalobos, el chavista millonario
Villalobos, al igual que el ex viceministro de Energía Eléctrica, es blanco de una investigación internacional iniciada en Estados Unidos por sus actividades relacionadas con la expoliación de la empresa petrolera estatal PDVSA. Un tribunal de Houston, capital de Texas, lo imputa por haber recibido 132 millones de dólares en sobornos y comisiones sospechosas, según publicó en su día elconfidencial.com.
El ex dirigente de Chávez ha pasado ya dos veces por prisión provisional después de que el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid iniciara la investigación por delito de blanqueo de capitales. Se encuentra actualmente en libertad, pero los tribunales ya han embargado más de un centenar de propiedades, entre ellas varias casas de una urbanización de lujo en Marbella y más de 40 plazas de garaje. Villalobos también tiene numerosas propiedades en las madrileñas calles Goya y Ramón de la Cruz y otras tres en las que presuntamente viven sus hijos en la calle José Abascal y Ortega y Gasset, calles consideradas de las más caras de Madrid.
Según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, durante su estancia en España Nervis Villalobos compró 120 viviendas entre Madrid y Marbella. En un registro en su propiedad, la Policía Nacional encontró documentación que prueba la implicación y conocimiento de Villalobos en todos los actos de blanqueo de capitales de los que se le acusa. El juez que seguía la causa en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, al considerarse causa transnacional.
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