La vicepresidenta del Partido Popular español, Valentina Martínez, rechazó la reunión del canciller español, José Manuel Albares, y el canciller de Nicolás Maduro, Carlos Faría.
«Mientras la ONU condenaba los crímenes de lesa humanidad de (Nicolás) Maduro, José Manuel Albares, blanqueaba a la dictadura por petróleo. Sin vergüenza de ningún tipo presume de sus contactos, se ve que Sánchez ha reconocido a la dictadura venezolana, por supuesto, sin previo aviso a la Cámara», sentenció Martínez.
Mientras la @ONU_es condenaba los crímenes de lesa humanidad de Maduro, @jmalbares blanqueaba a la dictadura por petróleo. Sin vergüenza de ningún tipo presume de sus contactos, se ve que Sánchez ha reconocido a la dictadura venezolana , por supuesto,sin previo aviso a la Cámara. pic.twitter.com/8oqarm5kfM
— Valentina Martinez (@valentinam) September 20, 2022
Más temprano
Los elementos del tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de hechos sobre Venezuela deben servir de insumo y evidencia para investigaciones en instancias nacionales e incluso en la Corte Penal Internacional, a juicio de Sara Fernández, abogada experta en Derechos Humanos y Derecho Internacional, quien estuvo invitada junto a Fernando Fernández, abogado y profesor de Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, a un Twitter Space en el que se analizaron los hallazgos de los expertos que forman parte esa instancia internacional.
Los temas del tercer informe de la Misión fueron: a) los crímenes de lesa humanidad cometidos a través de estructuras e individuos pertenecientes a los servicios de inteligencia del Estado como parte de un plan para reprimir a personas opositoras al Gobierno; y b) la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco y otras áreas del estado de Bolívar.
En su investigación, la Misión obtuvo testimonios de ex agentes que explicaron a los expertos el modus operandi de las violaciones y los mecanismos de selección de los funcionarios del Sebin y la DGCIM que forman parte de los contingentes de represión. En general, los perpetradores de menor rango son personas jóvenes provenientes de comunidades vulnerables, quienes son expuestos a “pruebas” para determinar si tienen sangre fría para cometer abusos y torturas, y para quienes se creó un sistema de represalias en caso de que pretendan negarse a seguir órdenes o beneficios para garantizar obediencia y lealtad hacia la institución. También señala recientes ascensos a perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, la abogada Sara Fernández, que forma parte de la ONG Cepaz y es consultora de otras organizaciones de derechos humanos, comentó que esto deja en evidencia una vez más que estos hechos forman parte de una estructura y un patrón ordenado por el gobierno, y no de hechos aislados. La Misión no es un tribunal, sino que utiliza toda la evidencia con el estándar de prueba de motivos razonables para sacar las conclusiones, estas conclusiones deben ser utilizadas como indicios para que la jurisdicción venezolana investigue. Pero si no quiere investigar puede continuar el fiscal de la CPI con la investigación, pero en todo caso es un tribunal el que debe determinar la responsabilidad individual”.
Recordó que ante la justicia internacional no es un argumento válido que funcionarios policiales o militares de mandos bajos o medios se excusen de que seguían órdenes superiores, pues son igualmente responsables más aún si cometieron crímenes de lesa humanidad, lo contrario al sistema de recompensa en Venezuela que los exime de sanciones o investigaciones y, por el contrario, les premia.
Precisó que la Corte Penal Internacional no tiene límites para incorporar a sus investigaciones violaciones que no hayan formado parte del examen preliminar, por lo que nuevos crímenes que forman parte del reciente informe pueden ser investigados si así lo considera, más aun teniendo el nuevo elemento de la premiación reciente a perpetradores.
Recordó que los expertos de la Misión no han tenido acceso al territorio venezolano porque el gobierno no los ha autorizado, “contrario a sus obligaciones como miembro del Consejo de Derechos Humanos; varios Estados incluso en el proceso del Examen Periódico Universal que tuvo Venezuela este año pidieron a las autoridades dar un acceso ilimitado a los expertos para investigar apropiadamente lo que ocurre en el país. Aunque eso no se ha dado, no ha sido impedimento para la investigación, ya que la Misión adopta una metodología que le ha permitido estar en contacto directo con las víctimas, además de crear buenos canales de comunicación con las personas que documentan las violaciones en el terreno. La Misión afirmó que entrevistó a 246 personas durante este ciclo del tercer informe, que se suman a las entrevistas que habían realizado para los informes anteriores. Si bien es cierto que no han podido ingresar al territorio, han adoptado metodologías que les permite saber de primera mano lo que ocurre en Venezuela”.
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