El inicio del juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, por hechos ocurridos durante la crisis política en 2019, fue suspendido hasta el próximo 4 de abril tras padecer una descompensación este lunes durante la primera audiencia del proceso llamado «golpe de Estado II».
EFE
El acto jurídico fijado de manera virtual para las 9.00 horas local (13.00 GMT) tropezó con tensiones entre los abogados de la exmandataria y el juez, la crisis nerviosa de la acusada y una protesta en los exteriores de la cárcel por parte de un grupo que señala a Áñez de cometer violaciones a los derechos humanos en su gestión.
Esta es la segunda suspensión del juicio por la vía ordinaria luego de que el pasado 10 de febrero se dispuso una prórroga debido a las denuncias por parte de la defensa de la exmandataria interina de violaciones de derechos contra su cliente.
UNA «CRISIS DE ANSIEDAD»
Áñez debía seguir la audiencia inicial desde una sala habilitada en el Centro Penitenciario Femenino de Miraflores de La Paz, donde está detenida de manera preventiva hace más de un año, en compañía de una de sus abogadas, para lo que la trasladaron en una silla de ruedas.
La expresidenta interina mostró expresiones de dolor y se tapó el rostro con las manos, por lo que un grupo de funcionarios de salud tuvo que sacarla del lugar para brindarle atención médica, según se constató en la transmisión de la audiencia.
«La señora (Áñez) ha sufrido una crisis (…) está temblando, tiene las manos torcidas», advirtió la abogada Norka Cuéllar al juez.
La jurista pidió que la audiencia se suspendiera debido a que era necesario que estuviera presente Áñez, algo a lo que el juez accedió.
En un comunicado posterior, la Dirección de Régimen Penitenciario con base en un reporte médico aseveró que la descompensación que presentó Áñez era «momentánea» y que su salud estaba dentro de los «parámetros normales».
Por su parte, Carolina Ribera, hija de Áñez, aseguró que su madre tuvo «una crisis nerviosa muy fuerte» y que se buscaba instalar la audiencia «a pesar de todo».
POSICIÓN DEL GOBIERNO
El Ministerio de Justicia en un pronunciamiento escrito denunció una «actitud obstaculizadora» de los abogados de Áñez a los que acusó de «interferir en la audiencia virtual», además, de hacer «uso desmesurado de recursos procesales».
Esa instancia del Gobierno también señaló que invitó a la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que realice la observación del juicio y que será una señal de respeto del «debido proceso».
El desarrollo de la audiencia y su posterior suspensión estuvo marcada por un grupo de personas que realizó una protesta en los exteriores de la cárcel para señalar a Áñez como principal responsable de la muerte de más de una veintena de civiles en las llamadas masacres de Sacaba y Senkata de 2019.
La detención preventiva de Áñez se produjo en marzo de 2021 por el caso llamado «golpe de Estado I» con cargos de sedición, terrorismo, y conspiración, un proceso para el que inicialmente se fijó una detención de cuatro meses y que luego se amplió a seis.
Después se abrió otro caso, «golpe de Estado II», que es por la que se la juzgará por la vía ordinaria por incumplimiento de deberes y resoluciones contra la Constitución.
El proceso «golpe de Estado II» está relacionado con las supuestas ilegalidades que Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, cometió al momento de situarse en línea de sucesión constitucional.
El Gobierno y el Movimiento al Socialismo (MAS) señalan que la única misión de Áñez era convocar a los parlamentarios para que se elija una nueva directiva que debía recaer en alguien de la fuerza mayoritaria, o sea del MAS, y que en realidad se instaló un Gobierno «de facto».
El expresidente Carlos Mesa escribió en Twitter que el proceso contra Áñez es una «histórica ignominia» y que es un «juicio espurio» impulsado por una «justicia servil», que consideró que sirve «para ocultar el gigantesco fraude de (Evo) Morales» en los fallidos comicios generales de 2019.
Durante su detención, Áñez ha sufrido varios problemas de salud. Uno de ellos, debido a una crisis por hipertensión arterial y otro por una autolesión en el brazo, tras manifestar que ya no quería vivir. En otra oportunidad, hizo una huelga de hambre de 15 días para pedir su libertad.
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