Un tribunal nuevamente se declaró «incompetente» este jueves para juzgar en la vía ordinaria a la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez (2019-2020), por un segundo caso referido a la muerte de civiles durante la crisis política 2019.
EFE
Áñez escribió en la red social X (antes Twitter) que fue «notificada» con una resolución del Tribunal de Sentencia de Sacaba, en Cochabamba, «que declara su incompetencia» para juzgarla y que le corresponde un juicio de responsabilidades como expresidenta de Bolivia.
La publicación está acompañada por fragmentos del documento judicial en el que el tribunal se declara «incompetente» para enjuiciar a Áñez por ser una expresidenta y que hacerlo sería «una flagrante vulneración del debido proceso, legalidad y seguridad jurídica».
Asimismo, el tribunal establece que la exmandataria de transición «debe ser juzgada conforme el ordenamiento interno boliviano, mediante de un juicio de privilegio constitucional» y que la determinación «no admite apelación».
La resolución por el caso Sacaba se empareja a la que un otro tribunal emitió la semana pasada por el caso Senkata y que también se declaró «incompetente» para procesar a Áñez por la vía ordinaria.
A finales de octubre, el fiscal general, Juan Lanchipa, presentó la acusación formal ordinaria contra Áñez por las muertes en Sacaba (10), en Cochabamba, y Senkata (10) en jurisdicción de El Alto, durante los enfrentamientos entre civiles que protestaban contra el Gobierno y las fuerzas de seguridad.
La Fiscalía acusó de genocidio a Áñez, a tres de sus exministros y varios exjefes militares y de la Policía, contra quienes pidió la máxima condena de 30 años de prisión, tras valorar que las fuerzas de seguridad utilizaron «municiones de guerra» contra «civiles desarmados».
En un principio, la Fiscalía General remitió la proposición acusatoria por los casos de Sacaba y de Senkata al Parlamento boliviano, en agosto de 2021, para que se siga un juicio de responsabilidades contra Áñez como exmandataria.
A inicios de este año, un par de tribunales en las jurisdicciones de El Alto y Cochabamba se declararon competentes para seguir esos procesos y la investigación de esos hechos por la vía ordinaria.
Áñez siempre reclamó un juicio especial como expresidenta y prescindió a sus abogados de defenderla en estos procesos, por lo que se le asignó juristas de defensa pública.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
La exmandataria interina Añez, detenida desde marzo de 2021, afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, según sus abogados.
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