Entre dinamita y gases lacrimógenos, cientos de productores de coca se enfrentan con la policía desde hace semanas en las calles de La Paz, con la intención de recuperar el control del principal mercado mayorista de la hoja en Bolivia.
En su mayoría opositores al gobierno del izquierdista Luis Arce, centenares fueron desalojados el 20 de septiembre del predio que es también sede de la asociación regional de cocaleros, Adepcoca, por un grupo rival afín a las autoridades y apoyado por la policía.
“A la madrugada, nos ha quitado la casa de Adepcoca el gobierno… Nosotros estábamos ahí adentro, durmiendo. Ahí nos han atacado”, contó entre lágrimas la cocalera Irene Mamani, de 54 años.
Tres días después, se desató un conflicto con decenas de detenidos y heridos, pero este es solo el último episodio de una larga disputa por el control del mercado que ya dejó al menos siete muertos en casi cinco años.
El lugar en pugna es un edificio de cinco plantas ubicado en el barrio Villa Fátima, en el norte de la ciudad. Allí, cientos de productores de la región cocalera de los Yungas, a unos 150 kilómetros de La Paz, llegan en transporte colectivo todos los días con bolsones de casi 50 kilos de cosecha que venden a comerciantes minoristas.
Luego de un diálogo fallido con el vicepresidente del país, David Choquehuanca, a fines de septiembre, los cocaleros que desconocen a la nueva autoridad pretenden ocupar el mercado por la fuerza.
Todos los días, campesinas desconsoladas ruegan a la policía, sin éxito, que las dejen entrar al edificio para retirar sus sacos de coca y reclaman que no tienen dónde dormir en la ciudad.
Es común que los productores duerman dentro del mercado durante su estadía en La Paz.
“Cuando venimos, descansamos ahí y luego vamos a comprar algo. Volvemos y nos tendemos nuestro colchón, nuestra camita… Cuando llegamos, es como nuestra casa”, explicó Eva Mamani, de 42 años.
Furiosos por no poder pasar el cerco policial, los manifestantes lanzan bombas caseras desde la multitud, que taladran los oídos al explotar en la calle o casas vecinas en una escena que se repite casi a diario. Los uniformados responden disparando gas lacrimógeno.
– Negocio millonario –
Unos 48.000 kilogramos de coca se venden cada día en el predio, verde por dentro y por fuera, que antes albergaba el colegio de monjas Ave María y ahora huele, como la coca, a paja húmeda. Por ese edificio pasa el 90% del comercio legal de la hoja (2019): 173 millones de dólares anuales a diez dólares por kilogramo, el precio promedio de venta legal en 2020.
Adepcoca, el gremio que reúne a 40.000 productores del departamento de La Paz, administra el mercado legal de coca, un estimulante natural que los andinos acostumbran a mascar en crudo. El negocio de uno de los principales cultivos del país movió entre 365 y 449 millones de dólares en 2020, según un informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) difundido en agosto.
Pero a la sombra funciona un negocio más grande, ya que la coca es materia prima de la cocaína.
Creada en 1983, Adepcoca surgió para hacer frente a supuestos abusos de agencias antidrogas y defender el uso tradicional de la planta, pero hoy está dividida entre quienes apoyan al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente y dirigente cocalero Evo Morales (2006-2019), y sus críticos.
Pese a la relevancia del mercado, menos de la mitad de la coca producida en Bolivia se comercializó dentro de la ley el año pasado.
– Cinco años en conflicto –
El día después del desalojo, el gobierno respaldó el accionar policial y reconoció al dirigente Arnold Alanes, cercano al MAS, como presidente de los cocaleros paceños “ratificado en elecciones”.
Pero miles de agricultores rechazan esos comicios argumentando que el mandato del directorio depuesto debía culminar en 2022 y acusan al gobierno de entrometerse en los asuntos de una organización privada.
“Nosotros desconocemos a ese grupo que está tomando nuestra Adepcoca; a ellos nadie les ha elegido”, sentenció la productora de coca Tomasa Medina.
En respuesta a sus detractores, Alanes dijo estar dispuesto a realizar nuevas elecciones, asegurando que volverá a ganar.
El diferendo entre cocaleros de Yungas y el gobierno del MAS se remonta a 2017, con la aprobación de una ley que incluyó dentro del área cultivable de coca a la región de Chapare, feudo sindical de Morales en el departamento central de Cochabamba, y provocó el quiebre entre Adepcoca y el oficialismo.
Según datos oficiales, la mayoría de la coca de Yungas se vende en mercados legales, mientras que más del 90% de la producción de Chapare se vende por fuera de la ley.
Las fracturas internas se agravaron en 2019, cuando Adepcoca pasó a tener dos directorios en paralelo: uno cercano al MAS y otro opositor. Este último controló el mercado hasta que fue removido violentamente el mes pasado por los oficialistas.
Hacia adelante, el conflicto podría profundizarse: “Esta movilización la vamos a hacer más radical, hasta que nos escuche nuestro gobierno”, advirtió el dirigente Ronald López, cuyo grupo se sumó a la protesta pese a ser afín al MAS.
AFP
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