El mecanismo suscrito en Lima en 2001 se ha invocado en más de 10 ocasiones ante rupturas democráticas; ha servido para rechazar gobiernos de facto en dos ocasiones, pero a pesar de su existencia no se ha logrado evitar la proliferación de movimientos y líderes con tendencia autoritaria que atacan a la Carta Democrática y tratan de desvirtuarla.
Cuando se suscribió la Carta Democrática Interamericana en 2001, los Jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio tenían como misión un mecanismo que reforzara los instrumentos que tenía entonces la Organización de Estados Americanos para la defensa activa de la democracia.
Sin embargo, el acontecer político en la región ha sido muy activo en lo que va del nuevo milenio, y el establecimiento de gobiernos de corte autoritario, así como el auge de tendencias de este tipo, colocan al instrumento en el centro de la atención por los cuestionamientos que a diario surgen en cada uno de los países del continente
En efecto, 20 años atrás el único gobierno totalitario en el hemisferio era el de Cuba, mientras que actualmente el de la isla sigue intacto y se le han sumado en la tendencia autoritaria los de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, mientras en otros países hay tensión por las dudas que presentan nuevas gestiones de gobierno (caso de Pedro Castillo en Perú) o el auge de tendencias contrarias a la democracia tradicional, como Chile o Colombia, o incluso gobiernos que no rechazan a regímenes considerados autoritarios, como sería el caso de México y de Argentina.
Precisamente, el presidente del país azteca, Andrés Manuel López Obrador, aseveró en julio de este 2021 que no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, como en su opinión podría ser una Celac (la Comunicad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) transformada.
La Carta Democrática se aplicó por primera vez en 2002, durante la salida momentánea del gobierno del presidente Hugo Chávez, oportunidad en que la Asamblea General de la OEA publicó una resolución que condenaba la salida del mandatario; luego se utilizó para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras. El organismo se invocó también en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Perú.
La Carta Democrática establece que cuando se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático, se tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados miembros, algo que es visto por algunos sectores críticos del organismo como un factor que ha impedido activar el mecanismo, lo que ha sucedido ante las reiteradas denuncias contra Venezuela o Nicaragua.
Por ello han surgido planteamientos como que el mecanismo cuente con una suerte de tribunal que sea el que dictamine los fallos de acuerdo a las investigaciones que realice y también que se otorgue capacidad procesal de denuncia a organizaciones políticas, cívicas y sociales de los países, ampliando las sanciones para los países infractores.
Internacionalistas consultados por TalCual tuvieron coincidencias al reconocer su importancia, y en atribuir a los gobiernos de los países miembros, más que a deficiencias propias del mecanismo, que con este compromiso por parte de los países del continente no se esté evitando el auge de regímenes autoritarios.
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