La Audiencia Nacional recibirá en los próximos días el expediente con el que el Tribunal Supremo de Venezuela reclama a España la extradición de Leopoldo López, opositor al régimen de Nicolás Maduro exiliado en Madrid desde octubre de 2020.
El líder de Voluntad Popular, adelantándose a la llegada del citado documento a los Juzgados Centrales de Instrucción, se puso a disposición de la Justicia española con un escrito presentado el pasado 12 de mayo por su defensa. En éste, se ofreció a comparecer voluntariamente en un proceso que convertirá, en caso de ser tramitado, la Audiencia Nacional en un escenario de reivindicación de los derechos fundamentales del político y, por extensión, de los opositores al régimen de Nicolás Maduro, según considera su defensa.
«Esa petición de extradición es absolutamente improcedente, pero si se inicia el proceso de extradición, será un escenario propicio para acreditar ante la Audiencia Nacional los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro no sólo en contra de Leopoldo López, sino contra todo elemento de oposición política a la que persigue dictatorialmente la estructura de poder de Nicolás Maduro para reducirla. Una práctica criminal que también se ha dirigido a los periodistas que cumplen su trabajo informando, a los abogados que defienden y a todos los sectores de la sociedad que salen a la calle a exigir comida», expone su abogado Juan Carlos Gutiérrez en conversación con El Independiente, quien también está exiliado en Madrid.
Condenado por promover las protestas de 2014
Leopoldo López fue detenido en 2014, juzgado y condenado como promotor de las protestas sociales masivas de aquel año contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En agosto de 2016, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas le condenó a 13 años, 9 meses, siete días y 12 horas de prisión como determinador en el delito de daños, autor en el delito de instigación pública y por asociación para delinquir. La ONU, la Unión Europea y asociaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch condenaron su arresto al considerar que tras éste hubo una motivación política.
Entre 2014 y 2017 López estuvo preso en la cárcel militar de Ramo Verde en «situación de vulneración de sus derechos humanos», alega su defensa. Entre 2017 y octubre de 2020, cuando consiguió salir del país hacia Madrid, donde reside actualmente, estuvo en arresto domiciliario.
Su abogado, socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, afirma que «confío en la decisión de la Audiencia», esperando sin ninguna duda que rechace la entrega de López, puesto que en su caso «se dan todos los requisitos» para que esto no ocurra. «Es un ejercicio de libro de manual de extradición para estudiantes de Derecho», afirma su abogado Gutiérrez, quien considera que en el caso de López se violó su derecho a un proceso debido, se vulneraron sus derechos fundamentales en prisión por «la manera en que fue aislado, objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes» y se le persiguió por sus ideas políticas.
«Fue condenado por usar el ‘arte de la palabra’»
Sostiene el letrado que López fue condenado por «su discurso político y las ideas expresadas en éste». Dice la sentencia que él ejerció el «arte de la palabra», y en uso de ésta, «instigó a terceras personas para que causaran daños en la propiedad del Estado». Sin embargo, explica Gutiérrez, «durante el desarrollo del juicio la Fiscalía promovió como perito a una lingüista, a una semióloga, que hizo un análisis del discurso de López y, actuando de una manera muy profesional, concluyó que el discurso de Leopoldo López no contenía violencia ni elementos de instigación al crimen y no había relación de causalidad entre los hechos ocurridos y la palabra de López desde el punto de vista semiológico. Nada más por esto, el caso se destruyó», explica el abogado.
Recuerda también Gutiérrez que el fiscal del caso Franklin Nieves confesó que había alterado el expediente para encarcelar a López y está en el exilio en Estados Unidos; la jueza que ordenó su captura Ralenis Tovar también confesó que lo hizo bajo presión y está en el exilio en Canadá y la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz reconoció públicamente que López no había cometido delito y se marchó a Colombia. En 2019, Ortega pidió públicamente apoyo para Juan Guaidó en el diario El Nacional.
El Gobierno de España tendrá que intervenir en dos momentos del proceso por el que Venezuela reclama a López a España. Al inicio, para activar los trámites, y al final, para trasladar si apoya o rechaza su entrega. La defensa del opositor también confía en que el Gobierno español informe en contra de la entrega.
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