A pesar de que en mayo pasado Nicolás Maduro dijera que al «llevar el salario mínimo a medio petro y (…) elevar todas las tablas salariales apenas estamos iniciando la recuperación del salario, que lo llevaremos al más alto nivel que podamos», poco se ha hecho por preservar los salarios de los trabajadores y aún no ha sido revocado el polémico instructivo aprobado en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha dado lugar a un número importante de manifestaciones de docentes, personal de salud y sindicalistas del sector público del país.
El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, que desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales. Es llamativo además que este se dictara apenas días después de que Maduro anunciara un ajuste del salario mínimo equivalente al 1.700%.
En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.
Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.
La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) ha denunciado que los cambios han implicado que los trabajadores de distintos organismos de la administración pública vean reducidos sensiblemente sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.
Una revisión del texto permite determinar que este vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros.
Recorte ilegal
El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución, en la cual en el numeral 1 de su artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».
Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.
Pese a sus efectos en los ingresos de los funcionarios, las autoridades han defendido el instructivo e insisten en que están con la clase obrera. «El instructivo lo que en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios para resolver las necesidades», declaró el diputado Pedro Carreño en una sesión plenaria hace unos días.
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