Desde el pasado lunes 30 de septiembre, las universidades venezolanas comenzaron el reinicio de sus actividades, suspendidas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Pero decenas de universitarios, entre estudiantes y profesores, no han podido reincorporarse por ser víctimas de persecución política.
Según registros del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA), al menos 45 universitarios han sido detenidos tras las elecciones. La mayoría ya fueron liberados, pero más de 15 permanecen en prisión acusados de delitos de terrorismo, incitación al odio, traición a la patria, conspiración y resistencia a la autoridad. Algunos de los que recobraron su libertad mantienen medidas cautelares y otros sufrieron sanciones administrativas. Todas estas detenciones fueron arbitrarias e incluyeron desapariciones forzadas de corta duración, como denunció en su más reciente informe la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela.
La represión por motivos políticos también ocurre dentro de las universidades que controla el régimen venezolano y que conforman el sistema paralelo universitario descrito en un informe por este Observatorio. El pasado 11 de septiembre, 71 estudiantes de TSU en Criminalística e Investigación Penal fueron expulsados de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), sede Catia, Distrito Capital, tras ser acusados por el director de esta casa de estudios de protestar el día de la elección y denunciar el voto asistido en favor de Nicolás Maduro.
Ante amenazas e intimidaciones, algunos universitarios han decidido huir del país o mantenerse en la clandestinidad por temor a ser detenidos, mientras que otros han denunciado persecución. Todos los casos registrados por el ODH-ULA responden a prácticas de terrorismo de Estado implementadas por funcionarios venezolanos, las cuales han sido denunciadas por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos.
Detenidos forman parte de seis universidades
El ODH-ULA ha podido identificar a 24 de los 45 universitarios detenidos tras las elecciones. Nueve son de la Universidad Central de Venezuela (UCV), seis de la ULA, cuatro de la UNES, tres de la Universidad de Carabobo (UC), una de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y uno de la Universidad de Oriente (UDO). Los otros 21 detenidos, que ya fueron liberados junto con cuatro de los identificados, no quisieron suministrar sus datos por temor a represalias.
Las detenciones comenzaron el mismo 28 de julio, cuando estudiantes de la UNES de Catia, Distrito Capital, denunciaron que el director de esa institución, José Rigoberto Betancourt Moya, les «asistía» el voto para favorecer al candidato oficialista. Ese día, el medio de comunicación TalCual informó sobre la desaparición de 25 estudiantes de esa institución, tras protestar por la irregularidad en el proceso de votación.
TalCual informó luego que cuatro de esos 25 estudiantes desaparecidos en realidad estaban detenidos en la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana (DIP-PNB) de Maripérez, ubicada en el municipio Libertador de Caracas. Días después, cuando se informó sobre la expulsión de 71 estudiantes de esa sede de la UNES —entre quienes están los 25 desaparecidos el día de la elección—, familiares incluyeron a dos más en la lista de detenidos. Los seis estudiantes fueron liberados el 2 de agosto, pero quedaron bajo investigación por supuesta «incitación al odio» y sus pertenencias, incluidos sus teléfonos celulares, no les han sido devueltas.
Entre el 28 de julio y el 4 de agosto, una semana después de las elecciones, otros 35 universitarios fueron detenidos en el contexto electoral y postelectoral: 29 son estudiantes, cuatro profesores, un médico recién graduado de la ULA (que aún cumplía con el servicio obligatorio de medicina rural) y una deportista próxima a ingresar como estudiante en la UCV. De estos, cuatro estudiantes y un profesor son de la ULA.
Cuatro profesores detenidos y al menos uno en el exilio
Dos de las profesoras detenidas también son activistas y defensoras de derechos humanos. Se trata de Edni López, que fue detenida el 4 de agosto y liberada cinco días después con medidas cautelares, y de Aura Janesky Lehmann, directora del Servicio de Clínica Jurídica de la UCAB. Ambas fueron aprehendidas de forma arbitraria en el aeropuerto de Maiquetía, cuando se disponían a viajar fuera del país. Durante sus detenciones también fueron víctimas de desaparición forzosa de corta duración.
Por su parte, al profesor Salvador Rivera, adscrito a la Cátedra de Neurociencias de la Escuela de Psicología de la UCV, lo arrestaron en Caracas el 29 de julio cuando pasaba por un lugar donde había una protesta pacífica en rechazo a los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Actualmente se encuentra recluido en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, sin derecho a una defensa de su confianza y lejos de sus familiares.
El otro profesor universitario detenido es Gustavo Torres, del Departamento de Ciencias Sociales del Núcleo Trujillo de la ULA. Su aprehensión ocurrió el 30 de julio, junto con las de dos estudiantes de esa misma institución. Su padre denunció el pasado 6 de septiembre que Torres fue trasladado desde Trujillo hasta la cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, a más de 400 kilómetros de distancia.
Aunque no está detenido, Carlos Bracho, jefe de comunicaciones de la Plataforma Unitaria Democrática y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), decidió huir del país tras ser perseguido y pasar días sin salir de su residencia porque una camioneta del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) lo esperaba afuera. Actualmente está refugiado en Uruguay, desde donde contó la persecución que sufrió justo después de las elecciones.
Perseguidos, intimidados y forzados a la clandestinidad
El ODH-ULA ha conocido casos de otros universitarios que permanecen en la clandestinidad tras recibir amenazas de detención por su militancia en partidos políticos de la oposición. Uno de ellos es David Torres, estudiante de Medicina de la ULA y miembro del partido Vente Venezuela en Mérida, quien informó por redes sociales sobre su resguardo forzado.
«Todos mis compañeros de la facultad de Medicina ULA se reincorporan hoy 30 de septiembre para continuar con nuestro año académico y yo no puedo hacerlo por estar bajo amenaza, viviendo en carne propia el horror del terrorismo de Estado que se aplica en Venezuela sólo por defender la soberanía popular», escribió Torres en X.
Por su parte Marlon Díaz, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo y concejal del municipio Naguanagua del estado Carabobo, denunció el 18 de agosto que patrullas del Sebin estaban rondando su casa entre tres y cuatro veces al día. Ese día, desconocidos le dejaron un sobre con una amenaza: «Te tengo en la mira. No te comas la luz», decía un papel.
La profesora de la ULA y miembro de la ONG Transparencia Venezuela, Christi Rangel, así como la directora del ODH-ULA, Mayda Hocevar, y este mismo Observatorio, también han sido víctimas de intimidación y difamación a través de redes sociales, donde un usuario de Instagram ha difundido fotografías suyas y de otros miembros de la ULA para despretigiar el trabajo de activismo en derechos humanos que hacen, a través de mentiras, insultos y descalificaciones.
El pasado 27 de septiembre, la revista internacional Nature publicó un reportaje donde científicos venezolanos, muchos de ellos también profesores e investigadores universitarios, confiesan sentir temor de hablar públicamente sobre el deterioro de la ciencia en Venezuela, por la posibilidad de sufrir represalias por parte del gobierno. Algunos de los entrevistados bajo condición de anonimato dijeron que «la investigación venezolana ya estaba censurada».
El ODH-ULA expresa su profunda preocupación por el incremento de la represión estatal y la persecución política contra universitarios en Venezuela y exige al Estado venezolano liberar a todos los presos políticos y garantizar todas las libertades individuales, incluidas la libertad de opinión, de expresión, de prensa y académica. Ninguno de los 45 universitarios detenidos ha cometido delitos de terrorismo, incitación al odio ni traición a la patria. Tampoco quienes son perseguidos, amenazados y forzados a la clandestinidad.
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