Expertos y organizaciones ambientalistas coinciden en que Venezuela no ha firmado el Acuerdo de Escazú porque promueve acciones y proyectos que atentan contra los tres principios de esta plataforma continental a favor del planeta: acceso a la información pública, participación ciudadana y acceso a la justicia. Consideran que régimen venezolano no está dispuesto a rendir cuentas sobre su opacidad informativa, corrupción administrativa y la economía extractivista que depreda el ambiente y agrede a los pueblos indígenas.
Lisseth Boon | Runrunes | Tal Cual
¿Cuánto mercurio está envenenando a las comunidades indígenas de la cuenca del río Caura en la Amazonía venezolana donde se explota oro? ¿Cuál es el impacto ecológico de los derrames petroleros en el Parque Nacional Morrocoy al occidente del país? ¿Por qué los vecinos de la populosa parroquia La Vega en Caracas no tienen agua potable desde hace un mes en plena crisis de covid-19? ¿Qué impide al gobierno de Nicolás Maduro condenar la minería ilegal en el Parque Nacional Canaima, patrimonio natural de la Humanidad? ¿Quiénes están detrás del asesinato del líder yukpa Sabino Romero quien denunciaba la explotación de carbón en el Zulia y el despojo de los territorios ancestrales?
Son sólo algunas de las puntuales preguntas que Venezuela estaría obligada a responder de haber firmado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales conocido como el Acuerdo de Escazú, instrumento clave para la protección del ambiente y la defensa de los derechos ambientales en América Latina y el Caribe que entró en vigencia este 22 de abril de 2021, cuando se conmemora el Día Mundial de La Tierra.
A pesar de ser uno de los países con mayor biodiversidad del mundo donde los ecosistemas y pueblos indígenas son amenazados por el extractivismo minero y la construcción especulativa en áreas protegidas, Venezuela no forma parte de los originales 24 Estados firmantes ni de los 12 que ratifican este pacto internacional que garantiza derechos en materia ambiental como el acceso a la información pública, la participación de la ciudadanía en la formulación de políticas y toma de decisiones y aplicación de la justicia que implica la protección de los defensores del medio ambiente.
El acceso a la información pública no es precisamente uno de los principios que define al gobierno de Nicolás Maduro. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), destaca en el informe de 2020 que fue imposible determinar en qué medida la administración del dirigente chavista ha logrado regularizar la actividad minera y frenar la extracción ilegal en el Arco Minero del Orinoco, el polémico megaproyecto creado en 2016 para la explotación del oro, diamante, bauxita y coltán, entre otros minerales estratégicos al sur del país.
La Acnudh destaca que “el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico no ha publicado información de interés público, como estudios de impacto ambiental y sociocultural, datos sobre el número y el nombre de las empresas con las que el gobierno ha conformado alianzas, o sobre la cantidad de mineros inscritos en el Registro Único Minero”. Agrega que el Banco Central de Venezuela tampoco publica información actualizada sobre los volúmenes de oro que recibe de la empresa minera estatal Minerven, ni sobre la cantidad de minerales que se exportan. Mucho menos sobre cuál es su principal destino ni el monto de divisas extranjeras que el Estado recibe a cambio.
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