El abogado, que forma parte del equipo jurídico de la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red CLH), destaca que hay desconocimiento y miedo, además de la normalización de violaciones a los derechos humanos, lo que deriva en un subregistro de denuncias por este tipo de delitos.
Este 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado por Naciones Unidas. Los DDHH comprenden todos los aspectos que necesita una persona para llevar una vida plena, sin discriminación y amenazas en su contra de ningún tipo.
Pero la crisis social, económica y política en Venezuela no ha sido la más propicia para el disfrute de los derechos humanos. Fallas de servicios públicos, violación a normativas jurídicas y un Gobierno de corte autocrático son el caldo de cultivo perfecto para violentar a la población no en uno, sino en múltiples aspectos.
En los últimos años, las violaciones al derecho a la vida y la integridad se han intensificado, bajo la excusa de “protección” por supuestos hechos terroristas, confrontación política y aumento de la criminalidad. Las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales a través de operativos de seguridad y el encarcelamiento a opositores han aumentado desde las protestas antigubernamentales de 2014.
Fue a partir de 2017, a través de decenas de informes de organismos como Naciones Unidas, la OEA y ahora por medio de una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que se presume de la existencia de crímenes de lesa humanidad.
Ante esta situación, las organizaciones Defiende Venezuela, Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad decidieron hace poco más de un año constituir la Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad (Red CLH), con el objetivo de recabar la mayor cantidad de denuncias para sustanciar la investigación en la CPI.
Maximiliano Ponce, abogado y parte del equipo jurídico de la Red CLH, explica a TalCual que el proceso de identificación y documentación de víctimas se hace desde hace meses. “Tenemos ya identificadas de forma viable unas 116 víctimas, sobre las cuales se está haciendo la elaboración de sus expedientes”.
– ¿Esa identificación de víctimas es un proceso propio o con apoyo de ONG como Foro Penal?
—La Red de Documentación de Crímenes de Lesa Humanidad es una iniciativa de tres organizaciones: Defiende Venezuela, Sin Mordaza y el Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad. Entre ellos, los investigadores voluntarios han buscado, identificado diferentes víctimas que han salido con la diáspora para conocer sus casos y ver si se configuran como violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Luego, el equipo de abogados se ha unificado para hacer el análisis correspondiente a cada una de estas historias, realizar las entrevistas, hacer el conteo, llevar la información a las actas y profundizar los expedientes.
Trabajamos con estas organizaciones porque tratamos de evitar la doble documentación. Procuramos que estos casos sean inéditos para apoyar la investigación que realiza la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
– ¿Dónde está su mayor campo de acción para documentar casos? ¿Dentro o fuera del país?
—Se trabaja por igual. Trabajamos con distintos nodos a nivel internacional, tenemos uno en Colombia, otro en España, en Argentina, pero también tenemos el nodo de Venezuela. Dentro del país es complicado pues la seguridad para discutir este tipo de casos en el país se ha vuelto más complicado.
Al principio estaba planteada para recoger los crímenes que habían vivido personas parte de la diáspora, pero vimos que también había necesidad de documentar los que están dentro del país, los investigadores lo han logrado para poder llevar este nuevo conteo a la CPI.
– ¿Cómo es ese plan para identificar y documentar las víctimas de violaciones dentro del país? Tomando en cuenta las amenazas desde el Estado
—La metodología per se es simplemente recibir a través de nuestro correo [email protected] o a través de nuestros nodos en estos países, que se conforman por diferentes activistas que por medio de entrevistas y contacto directo consiguen a estas víctimas. Luego de esto se hacen entrevistas virtuales, con seguridad digital verificada, y escuchamos los alegatos de las víctimas, nos declaran lo que han vivido. Posterior a eso se hace el llenado del acta para poder realizar los expedientes.
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