La Asamblea Nacional declaró la nulidad absoluta y la inexistencia de los acuerdos de transacción y demás decisiones adoptadas por Reinaldo Muñoz Pedroza, quien usurpa el cargo de Procurador General de la República.
Los diputados aprobaron un acuerdo que establece que la representación judicial y extrajudicial de la República corresponde exclusivamente a José Ignacio Hernández, procurador especial designado por el presidente (e) Juan Guaidó.
En consecuencia, quedan sin efecto los contratos y poderes otorgados por Reinaldo Muñoz Pedroza, representante de la dictadura de Nicolás Maduro.
En medio del debate parlamentario, el diputado Macario González, denunció que “este individuo ha venido suscribiendo contratos en nombre de la República y no tiene la cualidad para hacerlo”.
“Ahí hay una primera ilegalidad y una incostitucionalidad, porque el contralor de la República es el designado por el presidente encargado Juan Guaidó, de manera que todo lo suscrito por este ciudadano, Reinaldo Muñoz Pedroza, es de absoluta nulidad con respecto a las obligaciones de la República”, sentenció González.
El asambleísta solicitó a la comunidad internacional que sancione a estas empresas por negociar contratos valorados en más de 500 millones de dólares con la dictadura de Maduro, de forma inconstitucional.
Además, el Gobierno legítimo ha advertido a la comunidad internacional que cualquier deuda o contrato realizado por la dictadura de Maduro, no será reconocido por el Estado venezolano.
Entre tanto, el diputado Henry Ramos Allup explicó que la ilegitimidad de Pedroza comenzó, incluso, cuando Maduro aún era presidente de Venezuela, ya que en ningún momento fue ratificado por la Asamblea Nacional.
“Afortunadamente el Gobierno que es reconocido por la mayoría de los países del mundo ha podido nombrar a un procurador que está atendiendo todos los juicios internacionales”, indicó Ramos Allup.
El parlamentario explicó que todos estos juicios internacionales en contra del Estado venezolano se deben a las deudas contraídas por los gobiernos de Chavez y Maduro, que ahora deben ser atendidas por el Gobierno del presidente (e) Juan Guaidó.
Por último, Ramos Allup aclaró que aquellas deudas contraídas desde que inició la etapa dictatorial de Nicolás Maduro, serán desconocidas por la República en cualquier juicio internacional “porque estas transnacionales están obligadas a evaluar la legislación interna de cada país antes de firmar cualquier contrato”, concluyó.
Con información del CCN
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