La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional legítima aprobó un acuerdo en rechazo a la decisión del régimen Maduro de regular las actividades de las ONG del país, porque les incomoda el trabajo implacable en la denuncia de las múltiples violaciones de derechos humanos, protegiendo a las víctimas, a sus familiares y denunciando cada caso a nivel nacional e internacional.
El documento fue aprobado durante la sesión de la Delegada celebrada este martes vía online, el cual establece que la providencia publicada en Gaceta Oficial número 42.098 de fecha 30 de marzo de 2021, emanada de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, resulta nula, contrariar a los principios y derechos fundamentales establecidos en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, y de la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Así mismo señala el acuerdo hacer un llamado a la sociedad civil organizada, que por medio de las ONG han denunciado las violaciones y persecuciones del régimen de Nicolás Maduro, a continuar ejerciendo presión nacional e internacional para proteger los derechos de sus miembros y de las víctimas, apegándose en el artículo 350 constitucional. Desconociendo la Providencia antes mencionada que resulta contraria a la Constitución y busca atemorizar estas organizaciones establecidas en Venezuela.
Se acordó finalmente denunciar esta grave situación ante la comunidad nacional e internacional, que vulnera una vez más el Estado de Derecho y la Democracia en Venezuela; como un acto más del régimen de Nicolás Maduro por someter a la sociedad civil a sus controles autoritarios.
Cerco normativo contra la sociedad civil
Al inicio del debate se le dio un derecho de palabra al profesor Alí Daniels director de la organización Acceso a la Justicia, quien manifestó que esta providencia implica un cerco normativo contra la sociedad civil, es decir, el régimen en vez de colaborar y ayudar lo que hace es allanar a estas organizaciones como Acción Solidaria, Prepara Familia, Convite, Alimenta la Solidaridad y Caracas Mil Convive, entre otras, dedicadas a la asistencia humanitaria.
Explicó que este hostigamiento y persecución, con la constante estigmatización que se hace en los medios oficiales, particularmente en el programa “Con el Mazo Dando”, a las ONG, como la detención de los compañeros de Azul Positivo, se ha tratado de enmarcar dentro de la ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamientos al Terrorismo, que efectivamente en su artículo 8 exige que hagan un registro, pero no hay ninguna normativa que indique como debe hacerse.
“Simplemente dice que las asociaciones y fundaciones civiles sin fines de lucro están obligadas por la ley, hasta ahí esto no tiene mayor trascendencia, lo que tiene una afectación a las organizaciones es la providencia, porque pide documentos que el mismo estado niega, es decir desde hace años los registros y notarías se niegan a inscribir actas de las organizaciones no gubernamentales, de manera que se evidencia el carácter surrealista que actúa este gobierno al pedir documentos que la misma administración pública se niega a dar”.
Esa providencia es un adefesio
Luego intervino el diputado por el estado Falcón, Luis Stefanelli, quien manifestó que esta Asamblea Nacional rechaza esta providencia categóricamente y la calificó de un adefesio, de una desfachatez la ley Orgánica de Delincuencia Organizada y Financiamientos al Terrorismo, que consiguió como víctima al ciudadano común.
“La aplicación de esta ley que es extrema para delitos menores denota una crueldad en el manejo de estas situaciones, muchos venezolanos que no debieron haber ido a la cárcel al no poder pagar tasas peajes que les imponían en esos organismos judiciales, para poderlos deslastrar de este epíteto”.
Indicó que la segunda víctima de esta ley han sido los partidos políticos y un ejemplo de ello es Voluntad Popular, intentaron declararlo como una organización terrorista y ahora pretenden con este “adefesio” de la providencia administrativa, regular y controlar a las sociedades civiles, ONG, fundaciones sin fines de lucro.
“Lo que quieren es limitar sus libertades y aterrorizarlos, porque saben que están haciendo una gran labor y este régimen no le gusta ver ojo bonito en cara ajena, nada que ellos no hagan, así sea en beneficio del pueblo, no lo permiten y por eso inventaron este adefesio, que su grado de aplicabilidad es para todo el mundo, aquí no se salva ni el gato”.
No hay un sistema de justicia independiente
Mientras que la diputada por el estado Barinas Sandra Flores, afirmó que esta providencia es inconstitucional, tiene como propósito hostigar a las organizaciones no gubernamentales que ayudan a los venezolanos que están atravesando por situaciones de pobreza, causadas por la incompetencia, impunidad y corrección de la dictadura.
“El régimen pretende obligar a las ONG a registrarse en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamientos del Terrorismo, bajo la presunción de terroristas y además a entregar una serie de recaudos un listado de los organismos nacionales e internacionales que dan donaciones o le brindan cualquier tipo de apoyo para su funcionamiento, sus sucursales y de otras organizaciones con las que tengan algún tipo de asociación, e identificar a las personas beneficiadas por los programas sociales que llevan a cabo, entre otros listados”.
Señaló que esto es inconstitucional, porque se viola el principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 49, de la Constitución, al igual que el 22 que establece que el estado está obligado a facilitar el ejercicio del derecho de asociación.
“En Venezuela no hay un sistema de justicia independiente que apoye a las víctimas de violaciones de derechos humanos por tanto estas víctimas y sus familiares sólo cuentan con la ayuda, el asesoramiento y el acompañamiento de las Organizaciones no Gubernamentales para buscar justicia”.
Por su parte, precisó la diputada Deyalitza Aray, que la atención a las familias de los privados de libertad injustamente, las víctimas de la violencia, los adultos mayores, las madres y niños del JM de los Ríos, la distribución gratuita de alimentos y medicamentos , son entre muchas las acciones que realizan las ONG, que dedican su tiempo para atender en este momento tan crítico que vive Venezuela a los sectores más vulnerables y que impactan duramente esta crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación.
Aseguró que estas organizaciones están dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a visibilizar la cruda realidad por la que está atravesando la población venezolana, de extender una mano solidaria para ayudar a quienes menos tienen.
“Hoy estas ONG son atacadas, amenazadas, criminalizadas y sometidas al poder de una dictadura que quiere controlar absolutamente todo y que el único mecanismo que ha convertido en política de Estado es precisamente la persecución y sobre todo la construcción de expedientes que, disfrazados o amparados en supuesta normativa, atentan contra los derechos fundamentales de todos y en este caso les tocó a las ONG”.
Calificó de cínico que el régimen obligue a estas ONG a que cumplan con un registro, a través de una providencia administrativa, violando innumerables normativas constitucionales y de orden internacional.
“Principios como la legalidad como el derecho a la libre asociación, el libre desenvolvimiento de la personalidad a los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de derechos Humanos, solo por mencionar algunas que se vulneran de manera flagrante a través de los mecanismos de control y de imposición que ha puesto en práctica el régimen”.
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