El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, advierte que con la explotación indiscriminada del Arco Minero se está afectando el 80% de las reservas de aguas dulces, así como el sistema hidroeléctrico del Guri, que abastece de energía a 70% del país, además de que los recursos se van “por los caminos verdes”.
El pasado 15 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, denunció la grave situación que se vive hacia el sur de Venezuela, en las áreas que constituyen el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO), donde grupos criminales tienen el control del territorio, se explota a los trabajadores y se produce un daño ecológico de grandes proporciones cuyos efectos la población venezolana podría comenzar a padecer próximamente.
El AMO fue creado por el gobierno de Nicolás Maduro en 2016 para aprovechar los recursos que se encuentran en la zona, que abarca gran parte del estado Bolívar, y partes de Amazonas y Delta Amacuro, con lo que paliar la merma en la producción y consiguiente explotación de petróleo; sin embargo, luego de tres años de explotación indiscriminada sin control ni rendición de cuentas algunos, poco han visto los ciudadanos venezolanos de la venta de oro, diamantes o coltán, mientras grupos criminales se han hecho millonarios, se denuncian ventas irregulares de estos recursos en países como Turquía, y se violan los DDHH, no solo porque los grupos que tienen el control de las zonas aplican la ley a su antojo, sino porque se afecta el ecosistema y se amenaza la vida de los venezolanos en general.
El coordinador de la Asociación Civil Ecológica Chunikai, Jorge Padrón, no duda en que la anarquía que ha impulsado el gobierno de Nicolás Maduro lo que ha generado todo el drama que se vive en la región y asegura que el informe de Michelle Bachelet se queda corto ante la situación.
Informe Bachelet dejó de lado el tema ambiental
“Es relevante la información que da la comisionada y mejora sustancialmente con respecto al informe elaborado el año pasado que fue muy escueto, con muy pocas palabras dedicadas al tema del Arco Minero, pero en este caso detalló más y es un aval. Ella hace énfasis en el tema de la explotación laboral, lo que sucede con las mujeres y los niños, y sí, hay una parte social que es importante enfocar; también habla de los niveles de violencia que se presentan en la zona, pero el tema ambiental como tal lo refiere muy poco», expresó el geógrafo, quien es el responsable del capítulo sobre el Derecho al Ambiente Sano, del informe de la ONG Programa de Educación Acción en DDHH (Provea).
Sostuvo Padrón que cuando Bachelet toca el tema ambiental lo hace cuando habla de la calidad del agua que se consume tanto por las personas que han migrado hacia la zona como por la población indígena, que está tomando agua contaminada producto de esas sustancias que se vierten en los cauces, con lo que está enfocando la mirada en una zona cuya situación es terrible en el país, «pero hay muchas observaciones que hacer y que debieron reflejarse en un documento de esta naturaleza”.
Indicó que reconoce la labor de los asesores que trabajaron en la comisión, ya que reflejaron uno de los aspectos más resaltantes del problema, pero que, no obstante, el informe no habla de por qué se está generando esta situación.
“Hay una anarquía muy grande que está siendo promovida y respaldada por el Gobierno. El Estado está haciendo todo lo contrario de lo que debería hacer un gobierno. En vez de poner orden está impulsando el desorden y permitiendo entre otras cosas, esos hechos de violencia”, sostuvo Jorge Padrón.
Recursos del Arco Minero del Orinoco se van por los “caminos verdes”
Asegura Jorge Padrón que el gran grueso de los recursos auríferos que se explotan están entrando en poca proporción al fisco nacional y el grueso se va por los “caminos verdes” debido a que la mayoría de lo que se produce no está registrada. “Se habla de que hasta un 80% del oro no está siendo registrado. Nos estamos enterando por la información del oro que se está vendiendo en Turquía, por ejemplo”, señaló.
Explicó que buena parte de ese oro es parte de lo que antes estaba contemplado como minería ilegal. “Hasta 2010-2011, algunas zonas del estado Bolívar, aunque el tema del Arco Minero incide en Amazonas y Delta Amacuro y se expande, pues va mucho más allá del lindero establecido en el decreto 2248 de febrero de 2016, la minería que se daba en la zona estaba siendo vigilada, entre comillas, por parte de los ministerios responsables, que eran los de Minas y Ambiente. A veces se hacían operativos para frenarla, pero la actividad estaba contemplada como minería ilegal, informal. Entonces, a partir del decreto le dan puertas abiertas, luz verde, porque generan una producción significativa, pero no hay control, no se sabe en qué áreas se están metiendo, en qué bosques, inclusive en las áreas protegidas, y personajes del gobierno se la están comprando, hay una anarquía formalmente abierta y toda esa actividad está ocasionando graves daños al ecosistema.
-¿El Gobierno se aprovecha de la minería ilegal?
-En Provea y la asociación civil ecológica y social Chunikai le hemos hecho seguimiento a buena parte de las acciones que ha hecho el Estado. Una de las primeras cosas que hicieron es que el Banco Central les abrió la puerta a todos esos mineros ilegales, un oro no de sangre, pero ilegal, de origen irregular. El informe (de Michelle Bachelet) debía resaltar eso, no solamente los síntomas sino el origen, es una situación generada por el gobierno de Nicolás Maduro.
-¿Cuál es el papel de los militares allí?
-En el tema de los actores hay bastante información recabada por diferentes organizaciones, como Transparencia Internacional, SOS Orinoco, que han recogido buena cantidad de datos y reflejan que ha habido combinación de grupos vinculados inicialmente y promovidos desde la misma gobernación. Recuerda que los dos últimos gobernadores vienen de las Fuerzas Armadas, los generales Rangel y Noguera, hay un vínculo desde la misma gobernación y ha habido situaciones irregulares.
“Hay participación –prosiguió- de grupos delincuenciales vinculados a las cárceles, a los llamados pranes, los ‘sindicatos’, que no tienen que ver nada con el mundo sindical, laboral, le dicen “seguridad”, y hasta la guerrilla colombiana como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que el propio Gobierno ha llevado para apropiarse de territorio.
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