La dictadura venezolana pidió a España la extradición de un venezolano acusado por supuestamente haber quemado viva a otra persona durante una protesta en contra del del régimen de Nicolás Maduro. La solicitud fue declarada improcedente.
La Audiencia Nacional española considera como ilegítimos a Tarek William Saab, fiscal general, y también al presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista, Maikel Moreno.
Esos dos funcionarios del régimen son los que firman la solicitud de extradición. Ambos ocupan esos cargos nombrados por la ilegal Asamblea Constituyente que controla Maduro.
También, la Justicia española consideró que el proceso que la dictadura venezolana lleva en contra de Enzo Franchini (el solicitado en extradición), puede ser usado para vulnerar sus derechos fundamentales.
En junio pasado, un tribunal español había dado luz verde a la extradición en contra del criterio de la Fiscalía y la defensa de Franchini, que apeló la medida y la corte recctificó.
Enzo Franchini es un perseguido político de la dictadura de Nicolás Maduro.«Ellos han firmado documentos esenciales» en el procedimiento de extradición, dijeron los jueces, una circunstancia que explicaron no es posible obviar teniendo en cuenta informes de organismos internacionales que cuestionan la legitimidad de los cargos que ostentan, en referencia a Saab y Moreno.
El basamento legal utilizado por los magistrados firmantes es un comunicado de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2018, en el que llama a desconocer “solicitudes de extradición» por parte del considerado «ilegítimo tribunal supremo de justicia que funciona en Caracas al amparo del régimen dictatorial «.
Asimismo, también destacan el hecho de que la Unión Europea, «no ha reconocido a la Asamblea Constituyente, como tampoco lo ha hecho, a título particular, España».
La persecución política ejercida por el gobierno de Nicolás Maduro en contra de la disidencia, para los magistrados es «relevante» por los hechos por los que se pide la extradición «se producen en el curso de una manifestación de opositores».
En este aspecto, los magistrados recuerdan que quienes «actualmente ostentan los poderes públicos han protagonizado no en pocas ocasiones de represión y persecución contra miembros de la oposición (…), a veces con la utilización del proceso penal como instrumento».
Con información de DW.
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