Directivos del Hospital Luis Razetti y del Materno Infantil Samuel Darío Maldonado, ambos en la ciudad de Barinas, utilizan a funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para obligar a los trabajadores sanitarios a asistir a sus sitios de labores, sin las barreras de seguridad que deben portar para evitar un posible contagio de COVID-19.
La denuncia la formalizó la tarde del martes 19 de mayo, a través de un contacto telefónico a El Pitazo, Rafael Camargo, presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Salud del estado Barinas, luego de que varios empleados del Razetti y del materno infantil les confiaran que asisten obligados a sus trabajos, porque han recibido llamadas intimidatorias y amenazas de jefes inmediatos para que se presenten a laborar.
De acuerdo con Camargo, las autoridades sanitarias violan los derechos que los trabajadores tienen a su seguridad laboral cuando no los dotan de la indumentaria necesaria para evitar contraer el COVID-19.
«La situación es alarmante. Solo algunos médicos tienen equipos de bioseguridad para protegerse, pero el resto del personal, enfermeros, laboratoristas, aseadores y otros que tienen contacto directo con pacientes no cuentan con barreras de protección y se exponen al contagio de COVID-19; no obstante, al deceso de una parturienta que hubo el domingo 10 de mayo, la cual arrojó positivo a la prueba PCR que le practicaron un día antes de su fallecimiento», indicó.
El vocero sindical agregó que las autoridades regionales, pese a la confirmación del caso positivo de la mujer que estuvo 10 días hospitalizada antes de su muerte, dejando a unas gemelas huérfanas que nacieron por cesárea el 1° de mayo en ese mismo centro asistencial, todavía no han equipado a sus trabajadores con guantes, tapabocas, equipos de bioseguridad, ni siquiera se ocupan de garantizar agua, jabón, alcohol ni desinfectantes para el aseo de todas las áreas de ambos hospitales.
Sostuvo Camargo que durante la permanencia de la difunta en el hospital, mucho fue el personal que tuvo contacto con ella y, según le informaron, al menos cuatro personas dieron positivo al COVID-19 en los test rápidos que les practicaron durante la mañana del martes a una parte del personal que atendió a la parturienta que ingresó el 29 de abril, con una tuberculosis como patología de base.
«Las pruebas rápidas que le están efectuando a los trabajadores no arrojan resultados 100 % confiables y aunque muchos ya estén aislados en sus casas o en algunos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) es necesario tomarles unas muestras más profundas para enviarlas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel para tomar las medidas necesarias. La cadena de contagio que pudo desarrollarse durante esos días es muy amplia y hay que actuar en lo inmediato», consideró.
Camargo llamó la atención de la directora regional de salud y al propio gobernador para que actúen con diligencia ante la situación que ha generado alarma, tanto en el personal sanitario como en la colectividad en general.
«Ante la falla de ambos directores lo conveniente es que se suspendan de sus funciones por actuar con negligencia ante los requerimientos válidos de sus trabajadores», apuntó finalmente.
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