La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, considera “sumamente preocupante” la detención del director de Fundaredes, Javier Tarazona, y otros dos activistas de la ONG, Rafael Tarazona y Omar García.
“El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”, manifestó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, este lunes 5 de julio.
Bachelet instó a las autoridades venezolanas a liberar a todas las personas que se encuentran detenidas arbitrariamente, así como a implementar medidas humanitarias para los presos que presenten cuadros médicos serios.
“Las condiciones de detención siguen siendo preocupantes, hago un llamado para que se garantice a todas las personas privadas de libertad el acceso a una alimentación adecuada, agua, saneamiento y atención sanitaria”, manifestó.
Sanciones
La alta comisionada pidió nuevamente el levantamiento de las sanciones sectoriales unilaterales que, en su opinión, agravan las desigualdades socioeconómicas en el país.
“Insto a que se continúen los esfuerzos que llevan al levantamiento de las sanciones y contribuyan a aliviar la situación de la población en el país”, declaró.
Bachelet hizo mención a su informe de actualización publicado el 16 de junio en el que saluda las iniciativas del gobierno de Nicolás Maduro como la reforma policial que espera “sea la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos y la prevención de la violación de los mismos”.
“Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y las operaciones de seguridad; sin embargo, una sola muerte ya es demasiado”, afirmó.
Adelantó que han llegado a un acuerdo con la Fiscalía General de Venezuela para tener acceso a los expedientes de casos de violaciones de derechos humanos “y confío que pronto mi equipo pueda tener acceso a las audiencias judiciales”.
Alertó sobre la reducción del espacio cívico en el país y mencionó 97 incidentes relacionados con ataques a personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas, periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil, que fueron documentados por su oficina.
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