Se autodenomina “militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y radicalmente chavista”, pero Estados Unidos, lo cataloga como uno de los 10 capos del narcotráfico más buscados por su Servicio de Inmigración.
Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional de su país y uno de los políticos más cercanos a Nicolás Maduro, ha recibido del presidente en disputa el encargo de renovar la empresa estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Maduro firmó el miércoles un decreto presidencial para declarar “la emergencia energética” en la industria de hidrocarburos. Asignó “plenos poderes” a una comisión presidida por El Aissami e integrada por otros pesos pesados del chavismo, como los ministros de Defensa, Relaciones Interiores y Petróleo, a fin de reflotar la compañía.
La comisión podrá realizar las modificaciones que estime necesarias en PDVSA, considerada el pulmón económico de Venezuela -aporta el 96 por ciento de las ganancias del Estado- y cuya producción de crudo ha estado en caída libre en los últimos años.
Petróleos de Venezuela está empantanada en una profunda crisis desde hace seis años, saturada por denuncias de corrupción -admitidas el miércoles por Maduro-, la migración de su masa laboral y las sanciones financieras de Estados Unidos.
Su producción de crudo en enero de 2020 fue de 733.000 barriles al día, según fuentes secundarias del mercado petrolero, mientras que, en diciembre de 1999, hacía lo propio con 3.329.000 barriles por jornada: 2.596.000 barriles menos que hace 21 años.
El objetivo, detalló Maduro, es recuperar la industria petrolera, petroquímica y las refinerías del país como parte de lo que llamó “un nuevo concepto” de la empresa.
Tareck Zaidan El Aissami Maddah, de 45 años, es abogado, experto en criminología, de ascendencia siria y libanesa. Nació en Mérida, uno de los tres estados andinos de Venezuela. Fue vicepresidente del poder ejecutivo de Maduro y, por ende, primero en la cadena de sucesión de su gobierno entre enero de 2017 y junio de 2018.
Es un político de verbo áspero, especialmente al referirse a la oposición o a presuntos “enemigos imperialistas”, entre los que incluye a Estados Unidos. Ha calificado a los detractores del chavismo como “derecha terrorista criminal” y “burguesía apátrida”.
Su expediente político también incluye su desempeño como diputado a la Asamblea Nacional, en 2005, y como gobernador del estado Aragua, en el centro occidente del país, entre 2012 y 2017; y fue ministro de Relaciones Interiores del fallecido presidente Hugo Chávez entre enero de 2007 y octubre de 2008.
Su carrera, sin embargo, se tiñó de presunta criminalidad en 2017 por denuncias internacionales en su contra. Estados Unidos colocó ese año su nombre en el tope de las carteleras de sus instituciones legales y de combate al narcotráfico mundial.
Cinco años de acusaciones
La primera vinculación pública de El Aissami con la delincuencia se divulgó en 2015 en un reportaje de The Wall Street Journal. El diario estadounidense indicó que Rafael Isea, exgobernador chavista de Aragua, acusó a El Aissami ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos de haber recibido sobornos para facilitar el tráfico de drogas.
La Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC por sus siglas en inglés, designó a El Aissami dos años después, en febrero de 2017, como “un narcotraficante especialmente designado”, SDNT, por sus siglas en inglés.
La institución norteamericana publicó que el segundo al mando del gobierno madurista jugaba “un papel significativo en el narcotráfico internacional”.
Estados Unidos incluyó a El Aissami en su lista de capos del mercado de drogas, conocida como Lista Clinton, promulgada en 1999 para bloquear las actividades de empresas y personas acusadas de lavado de activos y de vínculos con esa rama criminal.
El Departamento del Tesoro denunció en 2017 que el hoy presidente de la comisión de reestructuración de PDVSA “facilitó cargamentos de narcóticos desde Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los puertos en Venezuela”.
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