Ciudadanos rechazan decisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de iniciar proceso para nombrar CNE, sin previo cese de la usurpación y con diputados del PSUV que habían renunciado a sus curules.
Nosotros, venezolanos activos, rechazamos que se proceda al nombramiento de los Rectores del “Consejo Nacional Electoral” (“CNE”) en Venezuela, sin que antes se haya producido un auténtico cese de la usurpación, lo cual va mucho más allá de la mera “separación del cargo”, por parte de Nicolás Maduro, por las razones que siguen:
El Artículo 296 de la Constitución dice que tres (3) de los cinco (5) Rectores del Consejo
Nacional Electoral (“CNE”), más sus seis (6) suplentes, deben ser postulados por la sociedad civil y que esos Rectores deben presidir la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Pero a esa norma nunca se le ha dado cumplimiento.
Las autoridades electorales fueron nombradas por los integrantes de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (“ANC”) que habían sido votados en julio de 1999, por apenas el 25.4% de los electores inscritos. Hugo Chávez, basado en su condición de “convocante”, había impuesto unilateralmente las Bases Comiciales para elegir a los miembros de la ANC de 1999, por lo que quedó conformada en fraude a la representación proporcional contemplada en la Constitución de 1961. Chávez se hizo así con el 95% de los curules (la votación de entonces fue con escáneres ópticos, provistos por la empresa española INDRA), cuando los votos que alcanzaron sus candidatos sólo fue del 55% de los que votaron. Eso provocó una enorme abstención en esa elección, que fue del 53.4%.
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Con esa nula legitimidad, esa ANC se autoproclamó con el poder de revocar a todos los poderes constituidos, lo cual constituyó un “Golpe de Estado”, como entienden ese término el italiano Curzio Malaparte y el español, Nicolás Pérez Serrano, entre otros.
El CNE ha sido un ministerio del Castro-Chavismo, desde entonces, porque cuando el régimen no alcanza la mayoría calificada en la Asamblea Nacional, ente constitucionalmente encargado de su nombramiento, se acude al Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) para que haga su nombramiento, lo cual viola la Constitución de 1999.
Hoy ese TSJ controlado por el régimen permanece en Venezuela en funciones de facto, pero cuenta con el poder de dar ejecución a sus sentencias.
Hasta 1997, el sistema electoral venezolano era manual en todas sus fases y eran muy excepcionales los reclamos de fraude. Pero a partir de 1998, cuando Chávez llegó al poder, el Sistema electoral se fue haciendo más y más “automatizado”, es decir, cada vez menos controlable por el elector, hasta que en el año 2004, el voto se hizo “electrónico” y sólo por excepción, manual. De hecho, las autoridades electorales le suprimieron todo valor legal a la papeleta física que recibe el elector como comprobante de su voto, único elemento fiable, con base en la absurda interpretación de que la ley electoral dice que el voto es electrónico y que las auditorías ciudadanas de cierre de mesa, momento cuando se cuentan sólo parcialmente esas papeletas, están establecidas en un reglamento.
Por todo ello, las protestas con violencia y hasta muertos no han dejado de acompañar los procesos electorales en Venezuela, algo que era en extremo inusual, antes de 1998. La más cruel represión ha venido siendo ejercida para someter esas protestas, pero también a los candidatos opositores, a los que se les inhabilita electoralmente, se los encarcela, se los tortura o se los asesina, selectivamente.
Por eso, cuando salen de las mazmorras del régimen, muchos de ellos consienten acciones que anteshabían rechazado y que favorecen la permanencia del régimen Goicoechea y Edgard Zambrano.
Ninguna auditoría hecha al sistema electoral, desde entonces, ha sido auténtica. En su Informe Final sobre las llamadas “mega” elecciones del año 2000 (había que relegitimar a todos los cargos de elección popular como consecuencia de la ANC), el Centro Carter halló inconsistencias en la metodología de las auditorías y declaró que “(…) no nos fue posible evaluar el proceso entero (…)”
Desde el año 2003, el CNE les impide a los partidos políticos la auditoría del registro electoral, cuando les negó acceso al dato de la residencia de los electores, incluso violando la ley electoral. Y en el año 2004, la oposición -compelida por la necesidad de concluir un Referendo Revocatorio contra Chávez, antes de agosto de 2004- aceptó que quien llevara a acabó esa primera votación de carácter electrónico, fuera un consorcio que nunca antes había hecho una elección, donde predominaban accionistas venezolanos, siendo el propio régimen chavista uno de esos accionistas (a través de FONDREI), en BIZTA, nada más y nada menos que en la compañía que desarrolló el software para esa elección (Ver:. De paso, el CNE autorizó que SMARTMATIC fuese la proveedora de las máquinas de votación, pero esa empresa no tenía en su haber tecnología electoral alguna y las máquinas que ofreció al Estado venezolano ni siquiera habían sido construidas. Eso se lo encargó después de la licitación, a otra empresa, OLIVETTI, que ni había sido parte de la licitación concluida el 16 de febrero de 2004, ni disponía de máquinas para votar, pues tuvo que acometer la transformación de sus máquinas de lotería, en máquinasde votación, a toda prisa, a partir del 15 de abril del mismo año.
Por las razones que sean, la oposición partidista venía convalidado elecciones regidas por ese sistema, aun cuando organizaciones de la sociedad civil les explicaban hasta el cansancio que esos vicios no eran superables. Y ni siquiera el único Rector que el chavismo le permite a la oposición se atrevió nunca a manifestarse contra estos gravísimos vicios. Como cuando en 2012, ese Rector y los partidos mayoritarios avalaron que votaran más de un millón quinientos mil electores a los que no se les había captado la huella digital, requisito esencial para el voto, previsto en la ley.
Y hasta mayo de 2018, el auditor del sistema por Acción Democrática, Félix Arroyo (quien fue personal técnico del CNE en 2004, cuando se aprobó al consorcio fraudulento que introdujo el voto electrónico en Venezuela) expresamente lo convalidaba, aun cuando en ese año, “milagrosamente”, SMARTMATIC decidió declarar que había habido fraude en la elección de Nicolás Maduro. Gracias a una demanda presentada por la sociedad civil, el voto electrónico fue declarado nulo por Tribunal Supremo de Justicia, en funciones en el exilio (“TSJ Legítimo”), en sentencia del 13 de junio de 2018, porque viola la transparencia que exige el Artículo 294 de la Constitución venezolana.
Pero ninguno de los partidos opositores que hace vida en la AN ha abordado el cambio de la ley electoral, con excepción de la llamada “Fracción 16 de julio”.
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Sin garantías a la participación que la Constitución da a la sociedad civil, para el nombramiento de los Rectores del CNE, no habrá elecciones auténticas sino las mismas farsas electorales que fueron fortaleciendo al régimen. Mientras no cese la usurpación y el régimen permanezca amenazando nuestrasvidas, cuando en verdad lo retamos, eso es imposible. La suerte de quien se atreva a participar, sin la aprobación del régimen, sería la que corrieron los Magistrados del TSJ legítimo, nombrados por la AN, en julio de 2017: cárcel o exilio.
Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio
(VEPPEX)
José Antonio Colina
Acción Ciudadana
Manuel Borges
Justicia & Proceso Venezuela, Inc.
Adriana Vigilanza
Sandra Guillent
Liliana Ponce
Aura Acevedo
Embajador de Venezuela (ret.)
Juan José Monsant
Economista
Francisco Acosta Fragachán
Red de Participación Ciudadana
Rafael Uribarri
Freedom Education
and Democracy in the
Americas
(FEDIAM)
Boris Noguera
Jenny Avila
Abogado
Franco Mascioli
SOS Venezuela Internacional
Carmen Cecilia Pérez
Reverendo
Pedro Freites Romero
Comisario General
PTJ/CICPC Comisario
Víctor Amram Cazes
Comisario General DSIP
Clemente Rojas
Ex Presidente de FEDECARAMARAS
Carlos Fernández Pérez
Derecha Ciudadana
Esteban Hernandez.
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