Por informar sobre un hecho noticioso, seis periodistas son sometidos a medidas en tribunales sin causa, sin condena ni juicio, denunció el CNP Caracas.
Nota de Prensa
CNP denuncia desaparición forzada de la periodista Carol Romero cuando cubría este jueves una protesta de conductores en una estación de gasolina en El Junquito
El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) seccional Caracas inició una campaña para exigir la libertad plena de varios comunicadores sociales quienes son víctimas de acciones tribunalicias sin causa, sin condena ni juicio.
Edgar Cárdenas, secretario general del CNP Caracas, informó que la actividad fue iniciada en las redes sociales con motivo del mes del periodista en las que se destaca algunos casos de agresiones a la prensa.
«Denunciamos la política arbitraria que ha desatado el gobierno en contra de los trabajadores de la prensa a quienes se les dictan medidas judiciales, sin causa, sin condena ni juicio y en violación al debido proceso», declaró el directivo gremial.
«Estas acciones del gobierno pretenden criminalizar la profesión periodística con la intención de silenciar la información e imponer la censura a los medios; siendo importante recordar que la salud de las democracias se mide en el termómetro de su libertad de prensa” «, agregó.
Medidas cautelares sin juicio ni condena
El dirigente del CNP precisó que a cinco periodistas se les obliga a presentarse periódicamente en los tribunales, «por instrucciones del gobierno con medidas cautelares, que restringe la libertad personal y la administración de sus bienes.
«Es el caso del periodista Arnaldo Sumoza a quien el gobierno acusa de alterar el orden público por informar sobre una protesta de vecinos quienes reclamaban la falta de agua en El Sombrero, estado Guárico», dijo Cárdenas.
Otro caso es el de Eduardo Galindo Peña, secretario general del CNP Apure, detenido el pasado 15 de abril por un pelotón del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la GN, que a la fuerza allanaron su residencia sin orden judicial.
«El gobierno lo acusa de instigación al odio por sus informaciones en el portal de noticias Senderos de Apure. También su esposa y otros familiares son víctimas del acoso policial», denunció el CNP.
También Darvinson Rojas detenido y su vivienda allanada violentamente por un pelotón militar de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el pasado sábado 21 de marzo. El gobierno lo acusa de instigación al odio por ejercer la profesión de periodista.
«En la misma situación de hostigamiento con medida cautelar se encuentra el reportero gráfico Jesús Medina, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 28 de agosto de 2018. Estuvo preso durante 15 meses en la cárcel militar de Ramo Verde por sus reportajes fotográficos», dijo Cárdenas.
Ana Belén Tovar estuvo presa durante cinco meses en la Dirección General Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes allanaron las oficinas de los portales de noticias Venmedios y Entorno Inteligente por difundir informaciones sobre altos funcionarios del gobierno.
Elides Rojas, vicepresidente de información del diario El Universal, fue llevado a la DGCIM porque al gobierno no le gustó una información sobre un accidente aéreo en Charallave, estado Miranda. El Gobierno lo acusa de instigación al odio.
Desaparición Forzada
Cárdenas expresó la preocupación del gremio de los periodistas y de sus familiares por la desaparición forzada de Carol Romero, productora del circuito radial FM Center, detenida por funcionarios de la Guardia Nacional en la estación de gasolina del kilómetro 7 de la carretera El Junquito.
Denunció que Romero fue golpeada y esposada por grabar una protesta de conductores contra funcionarios de la GN que controlaban la venta de gasolina.
«Estos casos y otros forman parte de una política de Estado de agresión a los periodistas y medios en Venezuela», declaró Cárdenas
