El 13 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la Resolución N° 220425-023 en Gaceta Electoral N° 1012, ordenó levantar la suspensión de los procedimientos administrativos electorales de sindicatos y gremios que estaban en teoría suspendidos desde 2020 por la pandemia del COVID 19. Pero representantes sindicales del sector público se declaran en «quiebra» para costear los gastos que implican unas elecciones internas, situación que los mantiene de manos atadas para cumplir con el principio de alternancia democrática, comprometiendo su legitimidad.
Ana Uzcátegui | La Prensa de Lara
Antonio Suárez, presidente de la Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep), aseguró que el 98% de los sindicatos y colegios profesionales del país están en mora electoral. Sólo algunos pequeños sindicatos privados se mantienen con directivas renovadas y legalmente constituidas.
En el caso de los sindicatos públicos, la alternancia de sus autoridades las venían realizando cada tres años. Los últimos períodos directivos se vencieron en 2019 y no se pudo convocar a nuevas elecciones por la cuarentena radical y la paralización del proceso que impuso el Poder Electoral. Pero en el caso de las grandes federaciones y centrales sindicales de Venezuela, desde el año 2000; es decir, hace 22 años no se les permite elecciones internas.
Incluso, muchas centrales creadas en tiempos recientes ni siquiera han sido elegidas por votación de sus trabajadores, tal es el caso de la Central Socialista. Entre las más afectadas están la Federación Médica Venezolana y todos los colegios de médicos del país, las federaciones de trabajadores universitarios, los sindicatos de educadores, entre otros.
Según Suárez, esto se debe al control político que ejerce el Gobierno para debilitar la autonomía de los sindicatos y violar los derechos establecidos en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmados por la nación.
«Las federaciones y los gremios tienen características diferentes a los sindicatos. Por ejemplo, en el caso del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), las últimas elecciones las tuvo en 2012, aunque sus estatutos dicen que sus autoridades se deben nombrar cada dos años. Si esto se cumpliera y el CNP fuera una institución robusta, ¿a quién no le convendría?, evidentemente al Gobierno, porque siempre busca dividir o colocar trabas para hacer las cosas más difíciles. Es tan engorroso hacer un proceso electoral y lo más triste es que somos las únicas instituciones que el Estado no las financia, porque de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, las organizaciones sindicales tienen que pagar sus propias elecciones», explicó.
En cambio las elecciones a alcaldes, gobernadores, diputados y concejales sí las financia completamente el Estado. Quienes se postulan a esos cargos tan sólo deben costear los gastos de su campaña electoral. «Los sindicatos sólo reciben asesoría del CNE, pero cada uno tiene que financiar todo, pagar las actas, las copias, mandar valijas electorales al interior, instalar mesas, pagar al personal que va a estar en cada mesa y eso para los afiliados, con salarios tan bajos que rondan los 150 bolívares mensual ($31) en las nóminas públicas, es casi imposible de realizar este año», mencionó.
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