Este jueves, la Alta Comisionada de la ONU para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, realizó su actualización oral sobre la situación de los Derechos Humanos en Venezuela, en el marco del 49 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. La actualización fue seguida de un diálogo interactivo en el cual las misiones diplomáticas de los Estados Miembros realizaron sus preguntas a la Alta Comisionada; no obstante, la culminación de dicho diálogo se realizará el día de mañana.
Bachelet expresó que su oficina continúa observando desafíos al debido proceso, incluido el derecho a la libertad, a un juicio sin demoras indebidas, y el acceso a una defensa de su elección: “Reitero que todos los detenidos arbitrariamente deben ser liberados; y se deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las reformas recientes. Los detenidos deben tener acceso a una atención médica adecuada, y mi Oficina ha estado llamando periódicamente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos”.
Pizarro, por su parte, comentó: “Sobre el hacinamiento en centros de detención y la posible disolución de las FAES, el régimen ha hablado de esto durante años y los privados de libertad continúan en condiciones deplorables y los cuerpos de “seguridad” siguen cometiendo crímenes amparados por el Estado”.
“Si bien el régimen ha anunciado ‘reformas’ como la reestructuración de la Policía Nacional o la reforma judicial y estas, tal como indica la ACNUDH, si se hicieren significarían oportunidades de transformación, la realidad es que el anuncio, por sí solo, carece de valor”, expresó el Comisionado Pizarro.
Sobre las restricciones al espacio cívico y democrático, la Alta Comisionada documentó 93 incidentes, incluida la criminalización, amenazas y estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas: “Sigo preocupado por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de derechos humanos Fundaredes. Dos de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse”.
La Alta Comisionada documentó 24 casos de estigmatización de defensores de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado, en redes sociales o discursos públicos, desde septiembre de 2021; así como el cierre de ocho estaciones y programas de radio durante el último año y el bloqueo de los sitios web de al menos siete medios de comunicación.
A propósito de la declaración de la Alta Comisionada, en la cual hace un llamado para que sea evaluada la reforma judicial, el Comisionado Pizarro expresó que para que esto signifique un cambio real en el sistema judicial, debe tomarse en cuenta que el proceso llevado a cabo hasta ahora no ha sido transparente y no garantiza imparcialidad pues, hasta la fecha, el Comité de Postulaciones y el listado preliminar de magistrados tiene clara tendencia política, un hecho que además ha sido denunciado por la sociedad civil.
Finalmente, Pizarro agradeció a la Oficina del ACNUDH por las gestiones realizadas y su disposición de prestar asistencia técnica. Sin embargo, acotó que “el régimen ha decidido burlarse de estos esfuerzos cuando descaradamente siguen violando una y otra vez los derechos humanos de los venezolanos”.
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