En dos años al menos cuatro tráileres en el campamento de CVG Aluminios de Caroní (Alcasa), en la parroquia Unare de Puerto Ordaz, se han incendiado por la misma razón: un cortocircuito provocado por la filtración de agua en los techos, en su mayoría ya partidos por la mitad y abandonados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) desde hace 10 años.
Laura Clisanchez | Correo del Caroní
Todas las pérdidas reportadas pertenecen a personas damnificadas que llegaron a Guayana luego del deslave de Vargas en 1999. Ahora, las 10 familias que quedan, exigen la pronta reubicación.
En un principio, la permanencia sería temporal en los tráileres que desde hace más de 30 años administra Alcasa y CVG y que en un principio estaban destinados a los trabajadores de la pionera del aluminio. A los damnificados les prometieron ser reubicados en nuevas viviendas a través del proyecto impulsado por el expresidente Hugo Chávez, Gran Misión Vivienda Venezuela.
A partir del 2000 llegaron hasta 40 familias damnificadas de Vargas a este complejo habitacional en Guayana. Unos consiguieron un tráiler por parientes que ahí vivían, y a otros les fue asignado por el Ejecutivo mientras en teoría, se iniciaba el proceso de reubicación en una casa.
En la actualidad quedan al menos 10 familias que continúan esperando por una vivienda, como los 260 apartamentos del proyecto habitacional Corazón de Caroní; este proyecto lo prometió en 2015 el entonces gobernador del estado Bolívar y coordinador del Órgano Estadal de la Vivienda (OEV), Francisco Rangel Gómez, dentro del programa Misión Vivienda Obrera, pero nunca los culminaron.
Mientras tanto, los pisatarios viven entre tablas sobrepuestas, techos partidos por la mitad remendados con lona, y bajo la inminente amenaza de incendios, y con eso, el riesgo de perder sus pertenencias o, incluso, la vida mientras esperan la reubicación prometida hace 20 años.
Al borde del derrumbe
Al menos cuatro tráileres se han incendiado entre 2019 y este año por cortocircuitos que atribuyen a la falta de mantenimiento. A los pisatarios cuando no se les quema la vivienda, se les cae el techo encima. Cuando llegan las lluvias el techo cede un poco más y el tráiler se convierte en un colador.
Por los riesgos de la corriente desconectan todos los equipos electrónicos para evitar más daños materiales. Entre cuñas y remiendos, quienes allí viven lo hacen con la angustia de que en cualquier momento su tráiler también seda completamente al deterioro o se queme. Para el 2018, por ejemplo, también se registraron 3 tráileres incendiados.
“Vivimos aquí porque no tenemos dónde más vivir, no nos han tomado en cuenta desde el 99, no ha venido nadie”, manifestó Yarideth Segura. Su temor más grande es volver a quedar sepultada en su propia casa, como ocurrió 20 años atrás, en la inundación de Vargas. Yarideth cuenta que tardaron al menos dos días en sacarla, y que lo último que quiere es volver a quedar sepultada.
El tráiler de Daniela Bompartt y su hijo de 4 años fue el incendio más reciente. Se le quemó el 16 de mayo, “¡Ayúdenme a sacar las cosas de mi hijo!”, gritó, pero no hubo nada que hacer, en 20 minutos quedaron sólo los cimientos del tráiler, la mascota de la familia también se incineró. Pero no es la primera vez que pasa por esto. Hace 2 años su otra vivienda también se quemó, y poco pudo hacerse.
Ahora le habilitaron un espacio en la casilla de vigilancia del complejo habitacional. “A veces me provoca llorar, pero si yo no soy fuerte por mi hijo, ¿quién lo va a ser?”, expresó. Ella también es damnificada del deslave ocurrido en Vargas, un desastre natural que dejó un saldo de 94 mil damnificados y de 1.500 a 3 mil muertos según cifras oficiales.
A ninguno de estos damnificados en Guayana les tocó una de las más de 36 mil casas que el gobernador para ese momento, Francisco Rangel Gómez, dijo que entregó entre el 2011 y 2015 en el estado Bolívar. “A veces entregamos 1.000, a veces 600, como hacemos todos los jueves de vivienda”, declaró en mayo del 2015, pero en el campo de tráileres de Alcasa se quedaron esperando.
Gretty Salazar también perdió su hogar temporal hace dos años por un cortocircuito. “Me quedé sin nada, luego fui al Ministerio de Viviendas para pedir apoyo, pero nunca lo recibí”. En cambio lo recibió de sus vecinos, y del diputado Pedro Perales (del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela) quien le concedió otro tráiler en el mismo campamento de Alcasa.
Hay otros vecinos que, en caso de un derrumbe del tráiler o incendio, no tienen forma de salir por su propia cuenta, como Mireya Chirinos. Hace cuatro años sufrió un accidente cardiovascular (ACV) que provocó no solo la parálisis de su brazo izquierdo, sino que la postró en una cama. También llegó en el 2000 como damnificada del deslave y desde entonces ha dirigido más de cinco cartas a la Gobernación sin recibir respuesta. La última se la escribió en 2018 al actual gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri.
Al tráiler de Mireya le cayó una rama encima que inclinó el techo casi en su totalidad hace dos años. Desde entonces, aunque vecinos tratan de ponerle soporte, está a punto de caerse.
Pérdidas materiales
La emergencia humanitaria compleja provocó que cada vez sea más difícil no solo costear el alimento diario, sino reponer los equipos domésticos. Las fallas y fugas de agua en los tráileres de Alcasa amenazan con dejar a los pisatarios sin nada. Todos reportan daños irreparables en sus electrodomésticos como cocinas, neveras y aires acondicionados.
A Yaizibe Zapata ya se le dañó la nevera y la cocina, y no tiene acceso a la otra mitad de su casa. La última vez que pasó al otro lado quedó atascada en el suelo. Ahora camina entre tablas sobrepuestas. “¿Cuántos tráileres tienen que quemarse para que nos tomen en cuenta?”, se preguntan todos. Se acercan las lluvias, y con ellas las rupturas de los techos y los cortocircuitos.
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