La ONG Una Ventana a la Libertad denunció este lunes que familiares de reclusos de la Policía Nacional Bolivariana de Boleíta en Caracas han señalado que los funcionarios extorsionan a los detenidos en esos calabozos, así como también a sus parientes, para trasladarlos a tribunales.
El padre de un interno explicó, según una nota de prensa de UVL, que en la actualidad los funcionarios cobran entre 10 y 15 dólares para concretar el traslado a tribunales de los detenidos en este centro transitorio, también conocido como la antigua Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana.
“La excusa que dan los policías es que los vehículos no sirven para trasladar a los privados de libertad a tribunales para las continuaciones de juicio (…) cuando no se pagan estas extorsiones que hacen los policías, se presenta una inminente interrupción de juicio, pues los policías argumentan que no se efectúan los traslados porque se traspapeló la boleta (…) Ese es un problema bastante grave porque los policías violentan los derechos de los privados de libertad ,que si bien es cierto no han sido condenados, todavía está la presunción de inocencia de los mismos”, explicó el padre de uno de los privados de libertad.
Funcionarios también cobran por alimentos
El familiar de uno de los privados de libertad que es del estado Táchira explicó que semanalmente envía transferencias, o pagos a través de la modalidad de pago móvil, para que su hijo pueda comprar alimentos en ese centro de detención preventiva.
“Por ejemplo, el jamón de mortadela es vendido en ese calabozo policial en dos dólares, mientras tres kilos de harina pan de la que da el gobierno en las cajas Clap son vendidos en un dólar. Nosotros le enviamos todas las semanas lo que está a nuestra alcance para que él pueda comprar los alimentos y prepararlos en unas cocinas improvisadas que hay en esa PNB de Boleíta”, precisó el pariente de uno de los más de mil internos que están en ese centro de detención preventiva.
