Desde el martes 12 de enero los directivos de Acción Zuliana por la Vida, también llamada Azul Positivo y enfocada en ayudar a las personas con Sida, están detenidos en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en el estado Zulia. Y hasta la fecha “las organizaciones no gubernamentales no se han podido comunicar con los integrantes de Azul Positivo”, dijo Juan Berríos, de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (Redhez).
Por Abigail Carrasquel | Hispano Post
No solo no han podido hablar con los cinco integrantes de la organización zuliana, sino que, además, confirman que a los detenidos no se les ha permitido ver a su abogados y familiares. También desconocen de qué se les acusará en un tribunal que, hasta el mediodía del 14 de enero, se conocía que sería militar. Sin embargo, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) aseguró que serán trasladados a tribunales penales de jurisdicción ordinaria.
“Toda la directiva de Azul Positivo está en la DGCIM de Zulia sin contar con abogados y no hemos podido confirmar cómo están físicamente”, expresó Berríos en rueda de prensa.
Alberto Nieves, de Acción Ciudadana Contra el Sida, enfatizó que los representantes de las organizaciones están preocupados principalmente por Yordy Bermúdez, quien hace pocas semanas sufrió un ACV (accidente cerebrovascular) y requiere ser atendido.
Aunque los miembros de la organización fundada en 2004 fueron detenidos la mañana del martes durante un presunto procedimiento administrativo realizado por una comisión de al menos 15 funcionarios que ingresó a sus oficinas e incautó cinco celulares, tres computadoras, el banco de datos de los beneficiarios y 12 tarjetas de alimentación recargables, las irregularidades comenzaron el día anterior cuando “una comisión de la Dgcim detuvo a un comerciante que aceptaba en su negocio la tarjeta perteneciente al programa de asistencia por alimento”, explicó Berríos.
Destaca que el caso, al igual que en el hostigamiento a Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive a finales de 2020, “está relacionado con una investigación del financiamiento mediante estas tarjetas de alimentación que funcionan con transferencias monetarias y han sido instauradas en varios estados, y a partir de la relación de Azul Positivo con estos proyectos se dio esta situación”.
Feliciano Reyna, director de Acción Solidaria, organización cuya sede fue allanada en 2020 por de funcionarios del Estado, afirmó que una de las vías de criminalización usadas últimamente es la referida al derecho a movilizar los recursos de la cooperación internacional y no solo los económicos, sino “todo tipo de recursos utilizados para contribuir a la población afectada”. Ante ello, recalcó que la iniciativa de Azul Positivo “no es ilegal, sino todo lo contrario”.
“Esta es la segunda vez en los últimos dos meses que se ha allanado la oficina de una ONG humanitaria y se ha interrogado a su personal, supuestamente debido a la financiación recibida del exterior. Los Estados no deberían imponer restricciones indebidas a la capacidad de las ONG de acceder a la financiación de fuentes nacionales, extranjeras o internacionales”, señaló la portavoz de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, desde Ginebra.
En un principio, eran seis las personas del equipo detenidas; sin embargo, uno de ellos, el chofer de la organización, fue liberado. Con él las ONG tampoco han tenido contacto y hasta el jueves 14 de enero Johán León Reyes, Yordy Bermúdez, Layners Gutiérrez Díaz, Alejandro Gómez Di Maggio y Miguel Guerra Raydan permanecen en la DGCIM. “Es un caso de detención arbitraria por brindar ayuda humanitaria”, dijo Berríos.
Alberto Nieves, director ejecutivo de Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), enfatizó que las organizaciones enfocada en la atención de personas con VIH han sido atacadas desde hace años. “El 15 de febrero de 2018 la Fundación Manos Amigas por la Vida (Mavid), en Carabobo, fue visitada por el Cicpc y les decomisaron antirretrovirales. Solo ese año vimos amenazados a compañeros de Zulia, Táchira, Nueva Esparta y Portuguesa. Y si hablamos de 2020, el secretario general de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+), Eduardo Franco, fue visitado por funcionarios cada semana de cada mes y Acción Solidaria también fue víctima de hostigamiento ese año, pero nada de esto nos va a detener”.
“Azul Positivo se ha enfocado en hacer pruebas de diagnóstico de VIH, consultorías y brindar programas gratuitos. Estamos hablando de que el año pasado fueron beneficiadas más 9 mil personas y hoy se ven comprometidas”, expresó Nieves.
Berríos añadió que entre 2015 y 2020 esta organización atendió a más 43 mil personas en todo el estado Zulia y “prácticamente es la líder de este tipo de acciones en las poblaciones vulnerables de la región”.
“Este tipo de situación no nos detiene y no hay manera de que nos apartemos del corazón de nuestras organizaciones, que implica ahora no solo acompañar a las víctimas y estar donde hacemos falta, sino también buscar mecanismos para protegernos y ayudarnos”, exclamó Reyna.
Para el director de Acción Solidaria, las acciones en contra de la ONG se deben a que “hay un intento de callar voces”. “Es claro que cuando ocurren informes como los que han salido de la Oficina de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se genere molestia en todo tipo de régimen totalitario, pero las organizaciones tienen un impacto importante para toda la sociedad, aunque en este tipo de regímenes existen quienes intenten callarnos”.
Nieves destacó que Azul Positivo “es un socio estratégico de las Naciones Unidas por su ubicación fronteriza y la acción contra el sida, y trabaja con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa)”.
Codhez, Redhez, Accsi y Acción Solidaria rechazaron la criminalización contra los integrantes de Acción Zuliana por la Vida (Azul Positivo) y exigieron su liberación inmediata y sin cargos.
Las acciones contra Azul Positivo ocurren a un mes de las declaraciones del diputado del Parlamento de Nicolás Maduro y jefe de la bancada del Gran Polo Patriótico, Diosdado Cabello. “En la Asamblea se aplicará la ley a todos estos vende patrias, ladrones, y se exhortará a los demás poderes, al Poder Judicial, al Ministerio, Público que se aplique la ley de manera inmediata contra estos delincuentes”, dijo Cabello sobre las ONG, a quienes también señaló de “robar el dinero” que ingresó a Venezuela a través gobierno de Juan Guaidó.
Las amenazas de Cabello no quedaron en 2020, ayer, 13 de enero, en su programa Con el mazo dando pidió una investigación contra el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, por un tuit en el que se señalaba que Maduro recibía cooperación internacional. La respuesta de uno de los principales integrantes de la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fue: “Mañana van a decir que empezará la persecución contra las ONG; me resbala. El PSUV no ha recibido ningún centavo de esta gente; que este señor demuestre que el PSUV recibió ese dinero. De no ser así, que asuma las consecuencias”.
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