El presidente de FundaRedes denunció que funcionarios de seguridad, entre ellos, Guardia Nacional y Ejército piden a los caminantes la prueba PCR para saber que no son positivos para COVID-19 como requisito para permitirles pasar por las alcabalas en la vía hacia la frontera.
Maryerlin Villanueva | La Prensa de Táchira
«Sabiendo que en este país no hay ni insumos médicos, y como no las tienen, les exigen que paguen en dólares o a las mujeres que paguen con el cuerpo. Les quitan dinero, algún objeto de valor, pertenencias básicas» aseveró Tarazona.
Señaló que la mayor cantidad de caminantes son mujeres con niños, grupos de mayor riesgo, que se desplazan hacia la frontera en condiciones precarias para intentar sobrevivir en Colombia.
Tarazona explicó que, desde el inicio de la pandemia, se presentó la extorsión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra los migrantes retornados en los pasos ilegales para ingresar a Venezuela.
«Pero en estas últimas semanas FundaRedes ha documentado la perversidad con uniforme, cuando vemos de nuevo a la gente saliendo del país, son venezolanos que huyen de la miseria, del hambre, y en las alcabalas los paran y les quitan el poco dinero que llevan para comer».
Destacó que más de 250 pasos ilegales en Táchira, 180 por el Zulia, y 90 por el estado Apure, son el espacio para que venezolanos que migran forzadamente queden a merced de los grupos armados irregulares, quienes les cobran un monto en pesos colombianos o en dólares según la cantidad de maletas que llevan para permitirles cruzar hacia Colombia.
Amenazas
Denunció ante la Defensoría del Pueblo que las comunidades que han ofrecido alimentos, hidratación, un lugar para descansar o el baño a los caminantes, han sido víctimas de amenazas por parte de supuestos colectivos.
Destacó que vecinos de varias comunidades que se han organizado para darle una mano a los migrantes forzados, han recibido visitas de sujetos armados, quienes les advierten que si continúan ayudando a los caminantes tendrán que pagar las consecuencias.
Expresó que el Estado busca silenciar esta situación, porque incumple en su deber de garantizar las condiciones para que los ciudadanos no tengan que huir del país, y en su defecto intentan impedir que las personas se movilicen hacia la frontera.
«Hay una situación pervertida, cuando un jefe militar permite que dos funcionarios agarren un cono y extorsionen a la gente, pues no solo eres cómplice, eres un actor criminal» dijo.
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