Vanessa Rosales, de 31 años de edad, estará bajo arresto domiciliario mientras sigue el proceso judicial en su contra, informó el periodista Roman Camacho mediante Twitter.
Rosales fue detenida tras haber asesorado y, presuntamente, haber vendido cytotec a una joven de 13 años de edad que quería abortar tras ser víctima de abuso sexual.
El 12 de octubre la mujer fue detenida por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística (CICPC) luego de un allanamiento a su vivienda.
Desde entonces permanece incomunicada en un área aislada en Mérida, en los Andes venezolanos.
#Merida Vanessa Rosales, de 31 años de edad, estará bajo arresto domiciliario mientras sigue el proceso judicial en su contra tras haber asesorado y, presuntamente, haber vendido cytotec a una joven de 13 años de edad que quería abortar tras ser víctima de abuso sexual. https://t.co/8JSC6LKug9 pic.twitter.com/quHXDqvMkB
— Roman Camacho (@RCamachoVzla) January 12, 2021
Rosales al momento de ser detenida tenía 600 pastillas de misoprostol (cytotec) en su casa. La otra mujer detenida, Yohana Carolina Izarra (41) no recibió beneficio de medida sustitutiva. El agresor de la adolescente, Carlos Terán, continúa prófugo.
— Roman Camacho (@RCamachoVzla) January 12, 2021
El pasado 22 de diciembre los abogados de la activista introdujeron un amparo ante la Corte de Apelaciones de Mérida.
Lo que buscan con este recurso es que las autoridades cumplan con los derechos y garantías constitucionales de la activista.
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Los abogados querían que se le otorgara la libertad para que esperara cualquier proceso judicial en su contra, y que enfrente cargos solo por sus acciones, no por su labor en la defensa de los derechos de la mujer.
Sin embargo, el juez asignado calificó la solicitud de la fiscalía con base en el activismo de Vannesa Rosales por la despenalización del aborto.
Pero además la acusó por los delitos de aborto asistido a terceros sin consentimiento, asociación para delinquir y asociación ilícita.
El juez impidió que la mujer fuera juzgada en libertad en tanto que la pena imputada supera los 4 años, en un caso que sigue revelando información sobre el mundo de los abortos clandestinos en Venezuela.
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